El cobro a los usuarios de un precio público por la participación en los diferentes cursos, campamentos y otras actividades que el área insular de Deportes, también Juventud, ha organizado durante años, sobre todo coincidiendo con los meses de verano, no cuenta con ningún sostén jurídico en el que ampararse, es decir, es irregular o ilegal, una situación que ha obligado al Cabildo palmero a la elaboración de una ordenanza reguladora, tal y como se recoge en el orden del día de la sesión plenaria que se celebrará en la mañana de hoy jueves.
Los cursos de natación en el polideportivo de Miraflores, los campamentos de verano en el aula de la naturaleza del Riachuelo, los cursos de vela tanto en Santa Cruz de La Palma como en Tazacorte e incluso las carreras de orientación o torneos de pádel, entre otras acciones, han tenido unos precios puestos de forma orientativa; o sea, el que cada responsable político o técnico pensaba que era el más adecuado, con incrementos o bonificaciones sin justificar, sin ningún tipo de marco legal, que es obligatorio para las instituciones públicas.
Para legalizar la situación, que se entiende que ha tenido que contar con reparos de Intervención, es necesario que los técnicos, tal y como ocurre con otras ordenanzas, elaboren un estudio económico donde se analice tanto el coste del personal como del material utilizado, entre otros factores, para poner un precio público justo a cada actividad que se oferte al ciudadano, sin tener en cuenta las opiniones subjetivas y variables de los políticos que pasen por el área.
Esta regulación no supone obligatoriamente un aumento en el precio que se debe pagar por participar en estas acciones de ocio, todo dependerá del plan económico elaborado y, sobre todo, de las bonificaciones aplicadas para las rentas más bajas, lo que se verá tras la aprobación de la ordenanza reguladora.
Aunque se desconoce si algún ciudadano ha optado en estos años por presentar un recurso por esta situación irregular, la realidad es que la institución insular ya ha tenido en esta misma legislatura una sentencia judicial en su contra por cobrar, en esta caso por intentarlo, una tasa pública sin contar con una ordenanza reguladora en vigor. En concreto, la resolución judicial eximió de responsabilidad al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane por el pago de una tasa en función del volumen de agua depurada, por la falta de sustento legal en la aplicación de la misma. La corporación local, en esta caso, sí se percató del error del Cabildo.