El Parlamento de Canarias ha aprobado este martes, con la abstención del PP, el proyecto de ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida, conocida como ley de muerte digna, cuyo objetivo es garantizar un final de la vida sin sufrimiento en caso de enfermedad terminal y dar la oportunidad de decidir a los pacientes o en su caso a sus familias sobre tratamientos paliativos cuando ya no hay esperanza.
La aprobación del proyecto de ley se produjo tras el rechazo de las enmiendas del Grupo Mixto y del Grupo Popular, entre ellas, una que proponía la supresión de aquellos párrafos que hacían alusión a la eutanasia para no confundir a los ciudadanos, o una enmienda "in voce" que rechazaba el régimen sancionador incluido en la ley por carecer de tipificación y generar inseguridad jurídica.
Mercedes Roldós, del PP, puso en duda la necesidad de esta norma al entender que ya existen instrumentos jurídicos, profesionales y éticos, así como una "amplia" legislación básica, para garantizar a las personas una buena atención al final de la vida. Asimismo, afirmó que sólo busca "tapar la conciencia" de un gobierno "poco trabajador y perezoso", pues, recordó, Canarias aún no cuenta con un plan integral de cuidados paliativos.
Por el Grupo Socialista Canario, José Luis Morera quiso dejar claro que esta ley quiere contribuir a proporcionar seguridad jurídica a la ciudadanía y a los profesionales sanitarios, y añadió que se convierte en una necesidad para que el paciente sea "perfectamente asesorado" por su médico, que debe ser capaz de ayudarle a tomar una decisión adecuada al final del su vida.
El diputado Pedro Justo (NC) apoyó la proposición de ley por ser "importante, necesaria y positiva", entre otras cosas, porque se está hablando de los derechos fundamentales de las personas y porque Canarias carece de una ley básica que, a su juicio, debe dar seguridad jurídica que intervienen en todo este proceso.
Por último, el nacionalista José Luis Perestelo hizo hincapié en que esta norma no es una ley de eutanasia, sino una ley que garantiza los derechos de los pacientes y de los profesionales sanitarios, pues asegurará que los enfermos tengan una muerte digna e indolora.