Tras meses de debate, discusiones y hasta de acusaciones, ayer el Parlamento aprobó con los únicos respaldos de los grupos del Gobierno -CC y el PSOE- la Ley de Inversiones Estratégicas. Tanto el PP como Nueva Canarias (NC) votaron en contra.
Ambos partidos de la oposición fueron claros desde el principio de la tramitación de esta norma respecto a sus sospechas de que servirá para que el presidente regional de turno favorezca a los empresarios amigos al permitirle declarar sus iniciativas como estratégicas, mientras que obliga al resto a lidiar con la burocracia habitual.
Y es que el efecto práctico de la ley es acortar a la mitad los plazos de tramitación que deben cumplir todos los proyectos de inversión en el Archipiélago.
Por ello, el PP y NC advirtieron desde el primer día del carácter "arbitrario" de la norma, un aspecto que condenan junto a su naturaleza "discrecional", que llevará a decidir en cada caso -según denuncia la oposición- en función de criterios "abstractos".
Por supuesto, el PSOE, pero en particular CC, volvieron a defender la norma con el argumento de que la decisión de lo que es -o no- estratégico obedecerá a parámetros como la previsión de creación de empleo, algo que no acaba de convencer a la oposición.
Y es que la transparencia es la otra pata de la norma que cojea para el PP y NC. Ambos creen que el comité que decidirá quien puede acortar los plazos para sacar adelante su proyecto y quien no es un aspecto que resulta comprometido al contar con la presencia del propio mandatario regional.
"¡Claro que lo tiene que decidir alguien!", replicó el portavoz de CC, José Miguel Barragán, tras oír (por enésima vez) las críticas de los representantes del PP, Miguel Jorge Blanco, y de NC, Román Rodríguez.
"¡Pero mejor que sea este comité, que sabemos lo que está decidiendo y quien lo compone a que sean los propios empresarios quienes negocien en los pasillos de ayuntamientos y cabildos sus intereses o por teléfonos!", espetó.
Rodríguez volvió a abogar por que la ley declare como estratégicos sectores de la economía -y no proyectos concretos- a lo que CC respondió que la legislación solo puede dar esta posibilidad a actuaciones que reúnan todos los requisitos de tramitación y estén justificadas, un argumento que el portavoz socialista, Emilio Mayoral, también empleó para defender la transparencia de la norma al considerar que "no cambian las exigencia ni las administraciones implicadas, solo los plazos".
Pese a las críticas de la oposición, CC insistió en que la norma autonómica es la "más garantista" de este tipo en el país.