La portavoz parlamentaria del PP de Canarias, Australia Navarro, aseguró este jueves que, "sin garantizar la financiación de las competencias", las reformas que impulsa el Gobierno de Canarias del régimen jurídico de ayuntamientos y cabildos "constituyen un brindis al sol que difícilmente podrán cumplir las administraciones locales canarias".
Así lo puso de manifiesto en un comunicado en el que señaló que la proposición de ley de CC y PSOE no respeta la obligación legal de acreditar mediante un informe de impacto económico la capacidad financiera de cabildos y ayuntamientos para asumir nuevas competencias y garantizar la prestación de los servicios públicos en términos de calidad y sostenibilidad.
"Esa es la realidad --aseveró--. Las propuestas de reforma de las administraciones locales ofrecen más y más competencias a las corporaciones locales sin que el Gobierno renuncie a ninguna de sus competencias. No se delimitan las funciones, ni se aborda la duplicidad competencial por lo que mucho nos tememos que todos seguirán haciendo de todo".
Asimismo, la portavoz popular reconoció que esta reforma de las administraciones públicas "ni clarifica las competencias, ni simplifica la administración, ni garantiza la necesaria financiación a los entes locales para el cumplimiento de sus funciones".
Navarro recordó también que desde el PP se ha venido reclamando desde el comienzo de la legislatura una reforma de las administraciones públicas que respete y proteja la autonomía local de los ayuntamientos y otorgue un protagonismo central a los Cabildos en la gestión de competencias que hoy se reserva el Gobierno de Canarias.
"Ésta no es la reforma que necesita Canarias ni la reforma que queremos en el Partido Popular", señaló Navarro, que no obstante indicó la disposición del PP a seguir trabajando en el Parlamento para mejorar la propuesta de CC y PSOE. "El problema es que CC y PSOE están obsesionados por reformar unas leyes que no les han preocupado lo más mínimo durante 4 años y ahora pretenden aprobar deprisa y corriendo, una modificación sin las debidas garantías jurídicas y presupuestarias", concluyó.