El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha rechazado el recurso interpuesto por la Fundación CajaCanarias contra la decisión del Gobierno de Canarias de intervenir en el proceso y crear una gestora.
La sentencia, de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, establece que la creación del patronato, nombrado en diciembre de 2012, no se culminó dentro del plazo legal establecido --hasta el 3 de enero de 2013-- para la conversión de las cajas en fundaciones de carácter especial.
CajaCanarias tenía cinco meses para acometer esta operación, pero no realizó su primera actuación hasta el 5 de diciembre pese a que podía haberlo hecho desde el mes de agosto.
Según el fallo judicial, al Gobierno de Canarias le fue "imposible" verificar toda la documentación ante del 3 de enero, entre otras cosas, porque el informe preceptivo del Banco de España no llegó hasta el 28 de diciembre y el siguiente día hábil fue el 2 de enero.
Por ello, la sentencia sostiene que al Ejecutivo no se le puede imputar "desidia o retraso" en el proceso, poniendo como ejemplo la cantidad de correos electrónicos, requerimientos e informes emitidos por la administración solicitando documentación.
Al patronato que presidía Álvaro Arvelo se le imponen las costas procesales, si bien contra la sentencia cabe aún recurso de casación.
Por su parte, el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias, Francisco Hernández Spínola, ha valorado hoy que por medio de la sentencia del TSJC se garantiza la continuidad de la Fundación de CajaCanarias.
La sentencia judicial desestima el recurso interpuesto por los patronos responsables de CajaCanarias en 2012 y confirma los actos administrativos del Ejecutivo canario de 2013, indica en un comunicado Francisco Hernández Spínola.
Añade el consejero que la tutela del proceso de conversión de la Obra Social CajaCanarias en Fundación ha garantizado la continuidad de su actividad de gran valor social, cultural y deportivo
La sentencia ratifica la actuación administrativa del Protectorado de Fundaciones y del Gobierno canario en todos sus términos, asegura el consejero, quien celebra el fallo judicial porque "garantiza la seguridad jurídica del proceso y, por tanto, la continuidad de la tarea que realiza la Fundación CajaCanarias".
El consejero señala que el Gobierno canario actuó por imperativo legal, tras el incumplimiento por parte de los integrantes en 2012 del Patronato de la Obra Social de CajaCanarias del plazo voluntario del que disponían para la inscripción de la Obra Social CajaCanarias en el registro de fundaciones de carácter especial.
El Ejecutivo regional tuteló el proceso en aplicación de los mandatos legales recogidos en el Real Decreto Ley 11/2010, de 9 de julio, de 9 de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorros, y la Ley 10/2011, de Cajas de Ahorros de Canarias, siguiendo estrictamente el proceso reglado para estos casos, afirma el consejero.
Asegura Francisco Hernández Spínola que el propósito del Ejecutivo canario en todo momento fue "garantizar la continuidad de la actividad de esta Fundación, por su gran relevancia e incidencia sobre el tejido social, deportivo y cultural del archipiélago".
Francisco Hernández Spínola/eldia.es
Lo más importante, en su opinión, es que la Obra Social de CajaCanarias "continúa y continuará aportando a la sociedad canaria su impronta, apoyando proyectos que no serían viables sin el respaldo de esta Fundación".
También dice el consejero que la sentencia es un reconocimiento a la calidad del trabajo realizado "en este procedimiento de enorme complejidad, novedoso y jurídicamente controvertido, por los integrantes del Protectorado de Fundaciones, las consejerías de Presidencia, Justicia e Igualdad, y de Economía, Hacienda y Seguridad, y los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma".