El esperado informe técnico de la Gerencia de Urbanismo sobre la posible legalización del mamotreto no se pronuncia claramente y concluye que hay que preguntar al Juzgado "si existe alguna parte [de las obras consideradas ilegales] que cumple con la normativa del Plan vigente en el momento de ejecución".

Durante 80 páginas, la directora técnico jurídica de la Gerencia de Urbanismo analiza las sentencias emitidas, la jurisprudencia, para concluir que no han podido acceder a los informes técnicos de la APMUN y que hay que preguntar al juzgado para que aclare si parte de la obra puede ser legalizable "porque se acomoda a la ordenación entonces vigente".

Es decir, aunque el informe reconoce que el edificio es "ilegal, no susceptible de legalización, no autorizable y se halla fuera de ordenación", tal y como dice se recoge en la sentencia, se pregunta al Juzgado que "si se constatase que parte de la construcción es legalizable, si se puede justificar que existe entidad suficiente en las obras ejecutadas que puedan desde el punto de vista urbanístico mantenerse". En esta pregunta mencionan que el posible aprovechamiento de parte de la estructura se haría "a fin de evitar la malversación de la inversión pública realizada".

El informe también pide permiso para que, en caso de poder regularizar una parte, el Juzgado legitime al Ayuntamiento para "redactar, con carácter inmediato" el Plan Especial de Las Teresitas.

Y, si hay que demoler, que la Justicia les indique "el alcance preciso de la total ilegalidad del inmueble y que se determine por el juzgado igualmente la total y completa demolición de lo irregularmente ejecutado".

Sólo salva de estas dudas, en un principio, a la parte de servidumbre de protección, al decir que el Juzgado de lo Penal ya ha solicitado al Ayuntamiento "que se inicien los trámites oportunos para proceder a la demolición de la parte de la obra que invade servidumbre de protección" (453,07 metros cuadrados).

Sobre el resto (4.000 metros cuadrados en la planta sótano y 5.690 en la planta baja), el informe considera que "habrá de determinarse desde el punto de vista arquitectónico-constructivo y económico, si merece la pena su aprovechamiento [...] o si lo aprovechable fuese de mínima magnitud, deberá valorarse si procede la completa demolición [...] al poder resultar más gravoso al erario público el pretender mantener aquella parte de la obra".

El informe recuerda que las sentencias dieron por sentada la ilegalidad del mamotreto "al probarse que incumple el PGOU de 1992 y la modificación puntual del PGO de 2005". Y vuelve de nuevo al punto de partida: el Juzgado.

Otra manifestación contra el mamotreto

La Plataforma por el Derribo del Mamotreto y contra la Corrupción ofreció ayer una rueda de prensa en la que invitó a toda la población a que participe en la nueva manifestación que han convocado para el derribo del mamotreto. La cita será este sábado, a las 12.00 horas, en la Playa de Las Teresitas, y lo han plantado como "una fiesta de ganadores contra la corrupción".

Sin embargo, la Plataforma no pudo confirmar si estará en el Pleno de mañana, apoyando la moción que presenta Ciudadanos de Santa Cruz para derribar el mamotreto.

Ramón Afonso cargó especialmente las tintas contra PP y CC. "Tenemos mucho miedo porque CC y PP son capaces incluso de cambiar las leyes", opinó. Asimismo, la Plataforma contra el mamotreto dejó caer que la intención de legalizar el mamotreto podía ir más allá y tratar de anular o influir sobre la demanda para recuperación del dinero pagado por el consistorio por el frente de Las Teresitas, cuyo juicio oral está por fijarse en las próximas semanas.

Imposible legalizar por planeamiento posterior

El informe reconoce que la jurisprudencia no deja legalizar mediante el planeamiento posterior algo que era contrario al planeamiento en el momento de su construcción. "Queda fuera de cualquier duda esta posibilidad de legalizar vía plan, puesto que como se ha repetido hasta la saciedad, no se puede dar cobertura a actuaciones urbanísticas ilegales vía planeamiento". Los técnicos no saben decir si se adecua o no al ordenamiento vigente porque ni Costas ni la APMUN les han facilitado copia de los informes.