Podría uno decir que es un pecado capital de nuestro tiempo. Ciertamente no es que lo sea sólo de nuestro tiempo, pues las Cortes, en el suyo, también legislaban en exceso. Ocurre, desde un tiempo postransición, que son demasiados "legislativos" produciendo leyes en el territorio español. Y como tales "legislativos", empecinados en mostrar sus excelencias en materia de su competencia y tratando de justificar los sueldos y gabelas de los legisladores: parlamentarios acá y allá, por doquier.
Las leyes deberían obedecer a la necesidad estructural de la sociedad, definiendo los límites de relación y convivencia en todos los vectores que esa estructura requiera. Sucede que la hiperlegislación que sufrimos produce serias contradicciones de aplicación que muchas veces quedan de manifiesto en procesos judiciales. Tengo para mí que los jueces son los más perjudicados de esta hiperlegislación confusa, ya que son ellos quienes tienen que aplicar la ley, las infinitas leyes.
Otro efecto perverso de tanta legislación afecta al entramado productivo en cuanto a los inconvenientes de implantación acá y allá, dado que lo especificado en una Comunidad puede ser contradictorio con lo especificado en otra y obliga a actuaciones diferentes para un mismo fin, con lo que ello implica de extracoste de implantación.
Y qué decir cuando en algunos autos o expedientes se observan, a pesar de tanta legislación moderna, referencias aplicables de leyes del pasado siglo y aún del XIX. A este paso, el Aranzadi necesitaría para sí espacios inmensos en la Biblioteca Nacional. Supongo que esa necesidad no lo será hoy en día con la aplicación de la tecnología informática.
Dicho lo anterior, todavía me parece más preocupante que los Parlamentos aceleren su actividad legislativa cuando se acerca el fin de la legislatura. Y cuando se legisla sin aporte de la ficha financiera que habría de hacer aplicable la ley. Entiendo que esta práctica es un burla a la sociedad que entregó su representación a aquellos legisladores. Así, fue una burla la Ley de Dependencia impulsada por el gobierno de Zapatero; una ley de impresionante contenido social, pero de estruendosa inaplicabilidad por la imprevisión de recursos económicos a tal fin.
Aquí, en Canarias, acaba de aprobar el Parlamento la modificación de la Ley de Prestación Canaria de Inserción (PCI), que regía desde 2011, y en la que se contemplaba plazos excesivamente largos para la obtención del derecho. Ahora se "reducen los plazos, se amplía la cobertura y se garantiza la financiación". Y todo ello sin definir la ficha financiera y la obligatoriedad vinculante al gobierno de turno. Pues qué bien. El legislador queda bonito, y al ciudadano..., que le den.