El Cabildo de La Palma informó ayer de que la justicia le ha dado la razón y apoya de forma contundente las actuaciones emprendidas por la Consejería Insular de Asuntos Sociales para intervenir la gestión que la empresa Servicio Canario para la Dependencia S.L. (Sercade), realizaba en 2013 como concesionaria del servicio público a personas dependientes que se ofrecía en los centros de estancia diurna de El Dorador y Princesa Acerina, así como en la residencial de Triana, todos de titularidad pública, gestionados mediante concesión administrativa.

Así se recoge en la sentencia emitida por el Juzgado número 4 de los Contencioso Administrativo en la que se desestima el recurso interpuesto por la empresa Sercade contra los acuerdos alcanzados por el Cabildo de la Palma, en el Consejo de Gobierno del 18 de marzo de 2013, para intervenir de manera provisional la gestión de los servicios prestados a personas dependientes.

En el texto de la sentencia, el Juzgado niega que el Cabildo Insular haya "secuestrado la concesión", tal y como alegaba Sercade, y considera que la corporación palmera "interviene para la adecuada protección de los usuarios del centro de Triana (discapacitados físicos y psíquicos), cambiando las personas del director y del psicólogo del centro ante unas quejas y tras una información reservada en la que recaba testimonios sobre el trato a los residentes del centro".

En vista de los argumentos planteados por el institución pública, la sentencia considera que "está más que motivada la medida cautelar" impuesta por el Cabildo, y "es plenamente proporcionada", por lo que procede a desestimar el recurso contencioso.

Además, en caso de que la sentencia sea firme o confirmada por el TS, pide que se "comunique al Ministerio Fiscal "al tratarse de personas incapaces, y por si aprecia conductas penalmente relevantes en el proceder de los responsables del centro". Es decir, además de rechazar el recurso presentado pone los "ojos" en Sercade.

La consejera insular de Asuntos Sociales, Jovita Monterrey, expresó ayer su satisfacción por la resolución recogida en la sentencia.

la clave

El rigor y valentía de una psicóloga. EL DÍA adelantó lo que estaba ocurriendo en Triana el domingo 17 de marzo de 2013. Ese mismo día, y después de leer el periódico, la presidenta en aquel momento del Cabildo de La Palma, Guadalupe González Taño, llamó a parte del personal de Servicios Sociales y lo hizo trabajar, aunque fuese domingo, para poder tener al día siguiente, 18 de marzo, los informes necesarios para aprobar en Consejo de Gobierno la intervención de la gestión del centro, tal y como ocurrió. La psicóloga que se encargó de elaborar el informe reservado sobre lo ocurrido tras aquellas paredes fue, a la postre, la responsable de que los usuarios fueran protegidos, junto al empeño de la madre de una de las usuarias. Esa es la realidad; lo demás, simple postureo. Testimonios escalofriantes en los que se acusaba al director del servicio, José Mustafá, capaz supuestamente de pasar por la cara de al menos uno de los discapacitados intelectuales sus propias heces tras haberse defecado encima, fueron recogidos por la trabajadora, que mostró valentía, profesionalidad y rigor cuando otros miraban para otro lado. Es más, le pusieron dificultades para llegar a la verdad. Es difícil saber qué hubiera ocurrido sin su labor. O quizás sí...