Lleva años alertando del aumento de la violencia filioparental en las Islas y es el único que ha realizado estudios sobre la misma en el Archipiélago, pero el fiscal jefe de Menores de Santa Cruz de Tenerife, Manuel Campos, asegura que su preocupación crece porque "mientras todos los delitos están bajando, estos suben".

"Los políticos deberían felicitar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a los que trabajamos en esto porque cada año desciende la delincuencia en Canarias y mucha culpa de ello tendrán todas las personas que han trabajado durante los últimos años en Menores para que los que ahora son mayores no sigan delinquiendo en un tiempo como este, caracterizado por la crisis, pero nadie se ha parado a pensar eso", manifestaba ayer antes de insistir en que "los operarios que han formado parte de los procesos con menores han contribuido de una forma muy importante al descenso de la delincuencia".

Pero lo que cabe preguntarse es por qué es la Fiscalía concentra los casos de este tipo de violencia doméstica y no los servicios sociales o el ámbito educativo.

Campos los tiene claro: "Ellos no tienen recursos ni conocen el tema, sino muy por encima. Baste decir que a estas alturas ni siquiera se hay un diagnóstico para conocer la profundidad del problema y cómo abordarlo y es una pena, porque hay muchos profesionales de la psicología y trabajo social que tienen ganas de hacer esos estudios, pero no existe interés en que salgan adelante".

El fiscal admite que la vía penal debería ser la "última opción", cuando ya han fracasado otras intervenciones, pero la realidad es que ahora mismo el Ministerio Público es el único que trata estos casos.

"Cuando se llega a la justicia con un caso como este es porque han fallado la familia, el colegio y el entorno, aunque los factores que son más contundentes son el consumo de droga y los trastornos de conductas que están presentes en la gran mayoría de los casos. Si los padres estuvieran ojo avizor del consumo y no lo toleraran... pero muchos no hacen nada, no quieren verlo o mirar para otro lado", añade el experto, antes de concluir diciendo que cuando los padres acuden a la Fiscalía ya están "desbordados" por la situación, su hijo no acepta ningún límite y no saben ni qué hacer ni a dónde acudir.

La Legislación es eficaz, pero faltan recursos

El fiscal de Menores de Santa Cruz de Tenerife asegura que la legislación es clara ante un caso de violencia filioparental y que eso da "garantías y eficacia".

"Si hay un parte de lesiones o las agresiones son habituales, la ley no deja margen a las dudas y establece una serie de consecuencias, porque esta violencia está recogida perfectamente en el Código Penal", afirma.

Preguntado sobre los resultados que se obtienen con la aplicación de medidas judiciales, Campos asegura que "son buenos siempre que los padres formen parte del programa de intervención familiar que elabora el equipo técnico multidisciplinar de la Fiscalía", aunque reconoce que los recursos como los grupos de convivencia (que cuentan con cinco centros en Tenerife con ocho plazas cada uno para menores maltratadores) son escasos, además de que se deben tratar de forma específica los problemas de drogas y de trastornos de la conducta.