La denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente por las obras de ampliación del muelle de El Bufadero a la altura del barranco está paralizada desde junio del pasado año.
La fiscal del caso ha reiterado su petición en un auto judicial a finales del pasado mes de enero, dado que "las actuaciones están pendientes de la emisión del dictamen pericial".
Desde que se presentó la denuncia el 14 de abril del año pasado, se pidió una prueba pericial consistente en "analizar las repercusiones que la cubrición del tramo del barranco ocasionaría a su función natural, es decir, el desagüe hacia el mar del agua de lluvia y los materiales o acarreos que ocasionan el arrastre de aquellas aguas, repercusión en zonas de aguas arriba, y posible riesgo sobre zonas residenciales". Con el peritaje se pretende saber "si las obras en la forma en que fueron ejecutadas tuvieron repercusión en los daños causados por las lluvias torrenciales del 1 de febrero de 2010 que provocaron destrozos en edificios, mobiliario urbano y vehículos, y ocasionando un riesgo para la seguridad de las personas".
Sin embargo, aunque el 29 de mayo el perito aceptó el encargo y el 2 de junio presentó "una provisión de fondos de los gastos estimados de los trabajos solicitados" hasta ayer no había respuesta.
La fiscal especifica en su escrito que la petición de estos fondos se trasladó el 23 de junio de 2014 a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.
Alternativa Sí se Puede fue quien presentó la denuncia medioambiental y su portavoz, Pedro Fernández Arcila, asegura que "es fundamental que un perito judicial emita un informe sobre esta obra y el riesgo potencial tal y como lo ha pedido el juzgado de instrucción" .
Por su parte, fuentes de la Consejería de Justicia del Gobierno de Canarias aseguraron que la "norma" es "abonar las facturas cuando se cierra la causa judicial", una vez que han pasado todos los filtros de intervención.
Arcila: "Es responsabilidad exclusiva de Spínola"
Pedro Fernández Arcila, portavoz de Sí se Puede y concejal de Santa Cruz de Tenerife, considera que "este retraso de más de un año en emitir este informe es responsabilidad exclusiva de Francisco Spínola, titular de la Consejería de Presidencia y Justicia Gobierno Canario que no libra las cantidades requeridas por el perito para la emisión del informe". Sí se Puede pedirá al Gobierno de Canarias "una investigación interna sobre este injustificado retraso"."Nos preocupa mucho la situación de riesgo que ha ocasionado al Barrio de María Jiménez las obras portuarias en la desembocadura del barranco del Bufadero. Si se repiten lluvias como las ocurridas en febrero 2010, se pueden reproducir los daños", advirtió.