Ciudadanos indefensos, arrollados por una tributación implacable y salvaje que se nos vende como acto imprescindible para salvar al país y gesto de solidaridad nacional.

Todo mentira, por cuanto el gasto público generado con la profusión de cargos oficiales, en una infraestructura política inasumible en cualquier Estado normal, con un despilfarro sistemático en sueldos, dietas, complementos, pensiones vitalicias, suntuosas flotas de coches oficiales y demás prebendas -aparte, las puertas giratorias y los casos masivos de corrupción generalizada-, todo ello sigue blindado desde el principio de la crisis, cuando era el foso negro donde empezar a aplicar recortes razonados y razonables antes de masacrar sin piedad a una población vulnerable e indefensa.

A título de ejemplo: varios millones de jubilados siguen tributando, por ley, el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Lo que es decir, sobre sus rendimientos de trabajo). Pero aquí se aplica a sus retribuciones como pensionistas, que, por lo tanto, no es deducción a una nómina de trabajador en activo, sino fondos generados durante una vida laboral cuyos salarios ya estuvieron sujetos a la deducción por IRPF. Es decir, un mismo impuesto gravando por segunda vez sobre lo ya tributado.

En la misma onda: ¿cómo puedo estar alimentando con mi dinero, que ya pasó el fielato del impuesto sobre mi renta, un plan de pensiones privado con un banco y, una vez jubilado, para rescatar mi capital, ¡mi dinero!, tengo que volver a pagar el IRPF?

Deberíamos añadir otros despropósitos como el impuesto de sucesiones o de donaciones. Capitales que se supone ya tributaron en vida del testador o del donante. Sin embargo, vuelven a sufrir un nuevo gravamen sobre lo ya depurado en su día. En muchos casos, el beneficiario no puede acceder al testamento o donación por falta de medios. Lo que repercute graciosamente en otro regalo adicional para las arcas del Estado.

Si las dobles imposiciones mencionadas son motivo de agravio, no lo son menos los casos de abuso unilateral impuestos por ley, de un plumazo, desde la prepotencia del poder instituido: el 21% del IVA general aplicado a las pymes, a cultura, a autónomos... En fin, a los sectores más indefensos, sin parangón tan abusivo en el resto de la UE -aparte, la vergüenza ajena de ver castigada nuestra cultura por auténticos analfabetos-. Ignorantes, sí; pero de tontos, ni un pelo. ¿Nos imaginamos el monto total de lo recaudado por el nuevo impuesto del 20% en los premios de Apuestas y Loterías? A las afortunadas arcas del Estado les toca el Gordo todos los días del año, incluidos sábados y festivos.

El contraste verdaderamente cruel está en la privilegiada atención que disfruta el Impuesto de Sociedades. Con el falso pretexto de la creación de puestos de trabajo se contemplan favores fiscales que, a la vista está, no generan mejoras laborales, sino beneficio par el empresario (sea leída la RIC, por poner un ejemplo). Por no hablar de las SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable), un auténtico paraíso fiscal interno que con una fiscalidad del 1% a las grandes fortunas se las induce a que no se lleven sus riquezas fuera..., pero ni por esas. El resto, lo que les sobra, se lo siguen llevando a cuentas secretas en bancos paradisiacos.

Por desgracia, quienes tienen capacidad y posibilidades de rectificar tamaños disparates son los primeros interesados en que nada cambie, pues son beneficiarios directos de un sistema perverso, donde el abuso de poder se traduce en indefensión de un pueblo maltratado por la codicia instituida.

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