El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Arona aceptó a trámite un recurso del Ministerio Fiscal para que se impute al alcalde de Santiago del Teide, Juan Damián Gorrín Ramos, la posible autoría de un delito de prevaricación en el caso Los Guíos, que se sumaría al supuesto delito de homicidio imprudente por omisión que aparece en el procedimiento abreviado en curso.
En su escrito, el fiscal Ignacio Uclés recuerda que los recurrentes piden el sobreseimiento libre y archivo de la causa, pero apunta que el ingeniero y trabajador de la empresa Icinco, Francisco Javier Velasco, que inspeccionó el talud de la playa de Los Guíos tres días antes del hecho que motiva esta causa judicial, declaró que entonces comentó al aparejador municipal, José Javier Rodríguez, que "eso (refiriéndose a la grieta) se podía caer en cualquier momento (...), en segundos o minutos, años o decenas de años".
El 1 de noviembre de 2009 fue cuando se produjo el derrumbe de parte del talud de esta playa causando la muerte de dos mujeres, la ciudadana británica M.O., de 55 años, y la española Vanesa A.R., de 34. El 2 de octubre de ese mismo año (un mes antes del derrumbe), tuvo lugar otro de dimensiones más reducidas que no causó daños personales.
Para la Fiscalía, "el primer desprendimiento dejó pistas visibles que, por sus propias características y naturaleza, avisaban de que podía volverse a repetir". A su juicio, "los acusados, por lo tanto, eran perfectos sabedores por partida doble o, incluso, triple alguno de ellos, del peligro que representaba dejar abierta la playa a bañistas y turistas".
"El talud no era estable", declaró Celso González González, arquitecto técnico municipal; "se recomienda el cierre de la playa como de la entrada a la misma ya que no somos capaces de garantizar la solidez y resistencia de la mencionada pared", escribió aparejador municipal, José Javier Rodríguez, en un informe del día siguiente al desprendimiento; "no se llega a comprender, por lo tanto, por qué no siendo capaces de garantizar la solidez y resistencia del talud se propone el cierre como medida cautelar de seguridad", indica el fiscal en su escrito.
Uclés se manifiesta tajante en el escrito de acusación de prevaricación al alcalde cuando expone que, "en resumen, todos los informes que se elaboraron por quienes tuvieron ocasión de inspeccionar la zona coincidían en lo mismo: en que la pared era inestable".
Dijeron que las medidas estaban tomadas
Los imputados en el caso Los Guíos han afirmado en este procedimiento que "las medidas estaban tomadas", aludiendo a las que se aconsejaron tras el desprendimiento del talud ocurrido el 5 de octubre de 2009. "Son muchos los testigos presenciales que afirman que el día en que se produjo el fatal acontecimiento no se encontraba el balizamiento correctamente colocado, como tampoco se advertía de la existencia de cartel que avisara del peligro de la zona".
Se mantiene a nueve personas imputadas
Además del alcalde, Juan Gorrín, y de los técnicos municipales Celso González y José Javier Rodríguez, en el listado de la diligencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Arona, de 4 de diciembre pasado, aparecen en la condición de imputados Carlos González, ya exresponsable de la Demarcación de Costas; Germán Jiménez, Rafael Cuadrado y Emilio Navarro, concejales de los que él último ejerce aún.