El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publicó ayer la modificación de la ley por la que se regula la prestación canaria de inserción (PCI) y en se ella da un plazo de tres meses a la Consejería de Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias para que dicte las disposiciones necesarias para la adecuación y modificación del actual reglamento al recién aprobado por el Parlamento autonómico.

Esto se traduce que la Consejería que dirige Inés Rojas tiene hasta mediados del mes de mayo para introducir los cambios necesarios para que todas las solicitudes que se presenten a partir de esa fecha sean tramitadas y resueltas en un periodo máximo de cuatro meses y no en los nueve que hasta ahora contemplaba la ley.

Los ayuntamientos tendrán un plazo máximo de dos meses para tramitar y remitir las solicitudes de PCI -en vez de los tres que se contemplaban hasta ahora-, pero el mayor recorte de tiempo afectará al Gobierno de Canarias que tendrá un máximo de dos meses para examinar y resolver el expediente en vez de seis meses.

Respecto a las solicitudes de ayuda que se hayan presentado antes de la entrada en vigor de la ley, se seguirán calificando y valorando de acuerdo con los criterios establecidos por la legislación anterior.

En el caso de aquellas personas a las que se les haya reconocido una prestación económica con anterioridad a la nueva norma, continuarán rigiéndose por la legislación anterior hasta que llegue el momento de su renovación o extinción. No obstante, las solicitudes para proceder a una renovación serán consideradas a todos los efectos como nuevas solicitudes y, en consecuencia, serán de aplicación al nuevo plazo de resolución de las mismas.

Además, se establece la ampliación de la cobertura, puesto que las ayudas ya no solo serán destinadas a personas en exclusión social, sino también para aquellas que están en riesgo de estarlo.

Igualmente tendrán derecho a pedir la PCI las personas que no están empadronadas y las víctimas de malos tratos y se garantiza la renovación de la misma si permanecen las circunstancias que originaron su concesión.

Respecto a la financiación, la normal establece que el Gobierno deberá asignar fondos para atender a toda la demanda que exista.

las claves

La Consejería de Política Social y Vivienda del Gobierno de Canarias tiene hasta el próximo mes de mayo para dictar las disposiciones necesarias para adecuar el reglamento vigente a los plazos y condiciones que establece la reforma legal.

Ahora los ayuntamientos tendrán un plazo máximo de dos meses, en vez de tres, para tramitar las solicitudes y remitirlas a la Consejería y, a su vez, este tendrá otros dos meses para examinarla, subsanarla y resolver y no los seis meses que tenía hasta el cambio de la ley.