La Guardia Civil ha desmantelado una trama de ocho personas que estaba dedicada a apropiarse ilegalmente de fincas y viviendas para después venderlas con apariencia de legalidad, obteniendo íntegramente los beneficios y blanqueándolos posteriormente. La organización criminal operó desde Canarias, Lugo y Cuba durante, al menos, una década y se estima que el montante del dinero estafado puede superar ampliamente el millón de euros.

Cuatro de los arrestados vivían en Tenerife (La Laguna), uno en La Palma, dos en Gran Canaria y uno en Cuba. Los tres cabecillas son gallegos que residían en Canarias y Cuba.

Según los datos en poder de los investigadores de la Guardia Civil, existen actualmente 32 afectados por estas operaciones. Las pesquisas comenzaron en octubre del año pasado, cuando la Policía Judicial de Las Palmas tuvo conocimiento de la usurpación y apropiación de inmuebles.

Uno de los acusados actuaba desde Cuba, donde obtenía una serie de identidades de antiguos emigrantes canarios que viajaron a la Perla del Caribe desde finales del siglo XIX y que hoy sus legítimos herederos poseen propiedades en Canarias.

Los arrestados se apropiaron de parcelas rústicas y urbanas, así como de viviendas. Los legítimos propietarios se enteraban de los hechos cuando acudían a sus propiedades y observaban que estaban en venta y que las ofrecían por diversos medios publicitarios.

Los documentos usados para apropiarse de las fincas y emitidos desde Cuba eran poderes especiales, declaratorias de herederos, adjudicaciones de herencia, certificaciones de nacimiento y defunciones, así como aceptaciones de herencias. Para blanquear los ingresos, crearon un entramado empresarial encargado de la afloración legal de las ganancias económicas, mediante empresas para dar apariencia de legalidad a las operaciones.

Los agentes hicieron dos registros domiciliarios y uno en una sede empresarial, donde encontraron 48.300 euros, varios equipos informáticos y mucha documentación.

Uno de esos registros domiciliarios se efectuó en una vivienda de la urbanización Guajara el pasado 3 de febrero.

Los investigadores de la Guardia Civil han esclarecido un total de 44 hechos delictivos, de los que 22 fueron por estafa y otros tantos por falsedad documental.

La "operación Veta" fue desarrollada por miembros de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Las Palmas y tutelada por el Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria.

Actualmente, los investigadores continúan cotejando la documentación que fue requisada en los registros domiciliarios para determinar el alcance de los delitos.

Solo la punta del iceberg

Los profesionales de la Guardia Civil que han llevado a cabo esta operación consideran que, hasta ahora, únicamente ha aparecido "la punta del iceberg". Desde ese punto de vista, no se descarta que haya más detenidos y que se descubran nuevos delitos. Y es que si la organización criminal llevaba operando una década, sus miembros pueden haber cometido otras apropiaciones y ventas fraudulentas.