El Tribunal Supremo ha admitido a trámite la petición del Gobierno de Canarias de que se procediese a la suspensión cautelar de entrada de capital privado en la empresa Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), así como los recursos presentados contra los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros con este objetivo específico.
Según informó ayer en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo canario, Martín Marrero, el Tribunal Supremo emitió una providencia por la que admite a trámite como pieza separada los escritos presentados por el Gobierno de Canarias en contra de la privatización de AENA.
Esto implica que continúa "la batalla en el frente jurídico para evitar este expolio a Canarias", dijo Marrero, quien detalló que el Ejecutivo regional ha presentado sendos recursos contra los acuerdos del Consejo de Ministros que autorizaban la "venta" de AENA y, posteriormente, detallaban cómo iba a realizarse este proceso en la referida empresa.
Además, el Gobierno regional mantiene abierto "otro frente" contra el Ejecutivo central por no haber convocado la comisión mixta Canarias-Estado, como había solicitado la Comunidad Autónoma, para reclamar las competencias relativas a la gestión de los aeropuertos del Archipiélago, cuyo Gobierno ha planteado en repetidas ocasiones que, de abandonar el Estado la gestión de los aeropuertos, esas competencias deberían pasar a manos de Canarias.
Marrero insistió en que la "privatización" de AENA es "incomprensible" desde el punto de vista del interés general, sobre todo si se tiene en cuenta que el ente público de gestión de los aeropuertos españoles obtuvo un beneficio superior a los 1.800 millones de euros como resultado del año pasado.
"Los aeropuertos canarios no pueden estar al albur de intereses privados", reiteró el portavoz del Ejecutivo regional, quien subrayó el coste que supone para los ciudadanos del archipiélago desplazarse fuera de las islas, lo que no ocurre en el caso de los que viven en territorio peninsular.
El portavoz del Gobierno autonómico ya había dicho en fechas recientes que el Estado intenta "tomar por tontos" a los ciudadanos del Archipiélago, y calificó el proceso de privatización de "ilegal, injusto e injustificado".