Fernando Clavijo, candidato a la presidencia del Gobierno de Canarias, hace campaña contra su partido, su consejera y su presidente de Gobierno, a propósito de las políticas sociales. Está en su derecho y no le falta razón: las políticas sociales son francamente mejorables. Pero no deja de ser una inconsecuencia, por la forma, el momento y, en parte, su contenido. La mejoría de las políticas sociales pasa no solo por recuperar financiación del Estado en materia de atención a la dependencia: ese es el menor de sus problemas. Pasa fundamentalmente por reorganizar el organigrama de gestiónde los servicios sociales. En particular, por distribuir mejor las competencias entre las tres administraciones: municipal, insular y autonómica.

A los municipios debe corresponder la gestión de los servicios sociales básicos, cosa a la que el alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, su partido y su gobierno, se opusieron frontalmente, con ocasión de la reforma de las administraciones locales, con la excusa de que solo se pretendía fomentar las privatizaciones. Pasa también por apoyar la gestión de los servicios sociales especializados desde los Cabildos, bajo la estricta supervisión y control del gobierno. A fin de cuentas, para bien o para mal, las políticas sociales son una competencia exclusiva de las comunidades autónomas. No resuelve nada echarle la culpa al Estado. Pasa también por reducir los trámites burocráticos innecesarios, concentrando informáticamente los datos de los usuarios en una base única. Pasa por disponer de un mecanismo ágil de derivación de pacientes crónicos dados de alta, que ocupan plazas hospitalarias de agudos, hacia centros sociosanitarios, más adecuados para sus requerimientos. La descoordinación en esta materia ha provocado cierres de centros privados de calidad, que se podían haber evitado. Porque, en este ámbito, la iniciativa privada no es un enemigo: es un aliado.

Es asimismo contraproducente que, en esta y anteriores legislaturas, políticas sociales y sanidad estén descoordinadas, o que Políticas Sociales comparta un mismo departamento del gobierno con Cultura, Deporte y Juventud.

Fui viceconsejero de Políticas Sociales una parte de esta legislatura. Con un excelente equipo técnico, trabajé especialmente en impulsar la elaboración de una nueva ley de servicios sociales, en sustitución de la actual, con más de dos décadas de vigencia. Aunque las leyes no siempre arreglan las cosas, de lo que ha habido ejemplos en esta legislatura. Pero cuando uno se queda sin apoyo y se suprime la viceconsejería, lo cesan, y se va a casa, cosa en la que ya tengo experiencia. Ahora no deja de resultar paradójico que se reponga esa misma viceconsejería, para que un miembro del gobierno pueda conciliar ese cargo con la condición de diputado autonómico: la administración al servicio del partido, y no al revés.

Fernando Clavijo y su partido tienen un problema. El otro partido socio de su gobierno, también. Se hacen oposición a sí mismos. Y eso solo contribuye a crear más confusión y descrédito de la política en la sociedad canaria. Sin que parezca haber otra alternativa que más de lo mismo. Luego, el problema lo tiene Canarias.