El Gobierno rectificó ayer y aprobó la supresión de las tasas judiciales para las personas físicas en todos los órdenes e instancias, si bien no reconoció que haya limitado el acceso a la Justicia de los ciudadanos, puesto que no se ha acreditado una reducción en la litigiosidad.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Justicia, Rafael Catalá, explicó que la eliminación responde a una "reivindicación muy extendida" de la totalidad de los profesionales del sector, que pedían su retirada para las personas físicas, pero también para las pymes.

El Ejecutivo aprobó la eliminación de las tasas para las personas físicas junto a otros tres proyectos de ley en el ámbito de Justicia: Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Enjuiciamiento Civil y la regulación del estatuto del miembro nacional de Eurojust.

Catalá confió en que los tres proyectos de ley puedan ser aprobados en el tiempo que queda de legislatura, si bien la supresión de las tasas se ha abordado mediante un decreto ley, dijo, para "no dilatar así su entrada en vigor".

No obstante, no se han modificado las cuantías para las pymes al considerar que, al tratarse de empresas pequeñas, la mayoría de los litigios serán de una cuantía inferior a los 2.000 euros, que es la cantidad hasta la cual las pymes están exentas de tasa, aseguró el ministro. En el caso de mayores cuantías, el gasto puede ser minorado en su impuesto de sociedades, ha añadido.

Tampoco precisó el destino de los más de 512 millones recaudados con las tasas, después de que en una respuesta parlamentaria de su ministerio se señalara que se desconocía, cuando el Gobierno se había comprometido a dedicarlas a la financiación de la justicia gratuita. "Sabemos dónde van las tasas porque las recauda la Agencia Tributaria. Se destinan a la caja común, a la financiación de los servicios públicos", señaló Catalá sin más detalles, aunque rechazó que el fin de la medida sea recaudatorio.

Sobre si la retirada de las tasas significa que el Gobierno reconoce que limitaban el acceso a la Justicia, Catalá aseveró que desde su aprobación en 2012 el Gobierno no ha detectado un impacto en la reducción de la litigiosidad.