En el Ayuntamiento de Granadilla de Abona "no constan" ninguno de los informes que el abogado Pedro Fernández Arcila debió entregar al consistorio por "servicio de asesoramiento externo" realizado en octubre, noviembre y diciembre del año 2007 y en enero de 2008. El técnico del servicio de Contratación de la Corporación municipal granadillera informó de que los documentos correspondientes a esa prestación no se encuentran en el área de Contratación Municipal "ni se han podido localizar en el resto de áreas municipales".
El 5 de febrero de 2008, el ayuntamiento recibió una factura emitida por Fernández Arcila por un importe de 12.000 euros y con el número 01/Gra/2008. Los trabajos que elaboró el abogado y político para el Consistorio granadillero en poco más de tres meses fueron supervisados y controlados por el gerente de administración y asesor del concejal de Sí se Puede en el consistorio, además de responsable de esa formación política en el municipio. José Luis Fernández Fuarros informó, el 6 de febrero de 2008, que "se han presentado los informes pertinentes que se solicitaron, por lo que se insta al área de Intervención a aque realice el pago a la mayor brevedad posible".
Cabe recordar que SsP defendió, hace siete meses, cuando se hizo público el cobro de los 10.200 euros, que "el proceso por el cual se encomendó este trabajo a Arcila y el cobro de sus honorarios fueron totalmente transparentes y respetando estrictamente la legalidad".
El gobierno que pagó al abogado y concejal de Sí se Puede en Santa Cruz lo formaron Coalición Canaria (la alcaldesa fue Carmen Nieves Gaspar), PP y Sí se Puede, que tenía un concejal, Antonio Cabrera.
El abogado cobró esa cantidad en una factura que incluyó una retención de 1.800 euros en concepto de IRPF, según el documento al que ha tenido acceso este periódico.