La Secretaría de Empleo del PSOE federal ha elaborado un estudio sobre horas ilegales y extraordinarias que concluye, entre otras cosas, que en Canarias el 12,2% de la masa asalariada en el sector privado incurre en jornadas ilegales, lo que equivale, según el análisis, a unos 14.000 puestos de trabajo menos en el mercado laboral del Archipiélago.

Las horas ilegales son las que exceden las 42 a la semana, estén o no retribuidas, mientras que las extraordinarias son las que se realicen al margen de la jornada -la máxima ordinaria es de 40 horas semanales en promedio de cómputo anual- hasta un límite de 80 al año -a partir de ese límite, ya son ilegales-.

El informe aclara que, "generalmente, cuando se analizan las horas superiores a la jornada habitual, se habla en genérico de horas extraordinarias", pero es "importante" distinguir entre las horas extraordinarias, que serán un máximo de dos semanales -las horas 41 y 42- de las que las superen, que serán las horas ilegalmente trabajadas.

A partir de los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre del año pasado, la cifra de trabajadores que hacen horas ilegales en todo el país asciende a 1,3 millones -equivalentes al 11,5% de todos los asalariados (casi 11,5 millones) en el sector privado-, de los que unos 60.300 son canarios, que suponen el 12,2% del total de la región -en torno a 494.000-.

En todo el país, el número de horas trabajadas cada semana asciende a 408 millones, de las que 10,3 son ilegales, un "exceso" que podría ser realizado por otras personas lo que supondría que alrededor de 273.300 parados podrían incorporarse al mercado laboral a tiempo completo -asumiendo que fueran de 37,5 horas-.

En el caso del Archipiélago, las horas semanales trabajadas son casi 17,5 millones, de las que unas 581.000 son ilegales. De suprimirse, estima este análisis, el paro bajaría alrededor de un 4% e implicaría la incorporación al trabajo de 14.984 desempleados.

Al respecto, la portavoz en materia de los socialistas, Gloria Gutiérrez, afirma que una de las consecuencias "más graves" de la reforma laboral es que ha permitido hacer horas extra tanto los contratos de tiempo parcial como los temporales, lo que considera como una "ruptura" con el sistema anterior porque realizar esas horas extraordinarias "contradice la propia filosofía del contrato a tiempo parcial", lo que supone una situación "grave" porque propicia, por un lado, la "explotación" de trabajadores y, por otro, que haya trabajadores pobres.

"Tal y como está el mercado laboral, en el que estos sueldos nunca superan los 500 euros, el trabajador no puede asumir los gastos mínimos, como vivienda o servicios básicos, y si tiene hipoteca, es candidato al desahucio", alerta.

Esta situación es "preocupante" en España en general, "pero en Canarias en particular" , donde una gran cantidad de los asalariados no cubren sus necesidades con un solo sueldo, por lo que Gutiérrez condena el "total desmantelamiento" de los derechos de los trabajadores en el marco de la reforma laboral.

Precariedad femenina, ilegalidad masculina

Gutiérrez denuncia que "lo más grave" es que esta situación ha afectado en todo el país -también en Canarias- de forma "especial" a las mujeres trabajadoras, que tras la reforma laboral "se han visto obligadas a volver a casa y solo pueden acceder, en todo caso, al contrato temporal o a la jornada parcial", lo que ha producido un incremento en el número de mujeres sin empleo o con un empleo precario.

Esta peor situación de las mujeres, además, trasciende la situación personal de ellas mismas porque afecta también a los menores pobres. Gutiérrez explica que muchas de las familias monoparentales se mantienen, justo, por el ingreso de una mujer que cuando trabaja, lo hace solo a tiempo parcial "y con la explotación que suponen las horas extras".

El estudio también revela que la mayor parte de las horas ilegales corresponde a los hombres -7,4 millones de horas en el tercer trimestre de 2014, el 72% del total-, lo que es lógico porque a diferencia de ellas, los varones -especialmente en sus edades centrales- trabajan más a tiempo completo. Por ello, el porcentaje de hombres asalariados con jornadas ilegales es del 15,4%, más del doble que el de ellas (7%).

De hecho, la realización de horas ilegales está muy concentrada en el tramo de edad de 30 a 44 años -representa la mitad del total-, mientras que los trabajadores de 45 a 54 años suponen casi un tercio.

Por todo esto, la diputada socialista encuentra "inadmisible" el "desmantelamiento" de los sindicatos a través de la reforma laboral. "Si un trabajador se niega a hacer algo, la empresa sabe que hay muchos más dispuestos a aceptar las condiciones", lamenta. "Deben actualizarse, pero no pueden ser demonizados", defiende.