La Ley de Dependencia es el mayor avance en protección social que hemos tenido en los Servicios Sociales en los últimos tres lustros, porque, por primera vez, los ciudadanos teníamos un derecho subjetivo de ciudadanía, reclamable jurídica y administrativamente a través de una ley estatal.

Un logro ciudadano y social que, a día de hoy, el Gobierno central se ha encargado de dejarlo casi agonizando, con continuos hachazos y recortes en su financiación que han dejado a los dependientes y sus familias sin apenas cobertura en atención sociosanitaria. El Partido Popular está dejando morir esta Ley por pura inanición, mientras miles de personas se van a quedar sin ser atendidas por una Ley que por fin venía a reconocer sus derechos.

Durante estos últimos cuatro años, desde el PSOE en el Cabildo de Tenerife hemos denunciado estos continuos recortes en atención a la dependencia por parte del Estado y sus consecuencias para nuestros dependientes.

El primer recorte del Gobierno central llegó con un Real Decreto para suprimir derechos y pospuso el pago de las ayudas a los dependientes con grado de discapacidad moderado para este año 2015. El segundo mazazo consistió en suprimir el nivel acordado de financiación, que supuso un recorte económico de 285 millones de euros. Y el tercero fue el Real Decreto de julio de 2012, que fue prácticamente la derogación encubierta de la ley, modificando catorce artículos y reduciendo en un 15% la prestación económica de los cuidadores familiares.

Pero la decisión más sangrante se produjo cuando el Gobierno central decretó que los dependientes moderados deberían esperar al menos 36 meses para recibir alguna ayuda económica y eliminó la retroactividad, por lo que los afectados nunca recuperarán el dinero que no han percibido durante el tiempo de espera. Una decisión especialmente grave si tenemos en cuenta que el 54% de las personas dependientes tiene más de 80 años, por lo que aún se hace más difícil que puedan ver cumplidos sus derechos en esta materia.

Según datos de la Asociación Estatal de directores y gerentes de Servicios Sociales de España, en nuestro país existen más de 1,2 millones de personas dictaminadas como dependientes, de las cuales se han reconocido con derecho a atención a 900.000. Pero lo más preocupante es que no están atendidas más de 175.000 personas, y a partir del próximo 1 de julio habrá más de 300.000 personas que pierdan también este derecho. Si sumamos, nos encontramos con más de 500.000 personas y sus familias que no van a tener apoyo. Y mientras, el PP echa una cortina de humo para no hablar de esta cifra alegando que se han reducido las listas de espera en atención a la dependencia.

Ante esta situación, no nos ha quedado más remedio a las entidades locales que asumir las obligaciones que tenemos con las personas dependientes y sus familias y cubrir como hemos podido, a pesar de las dificultades económicas, servicios que correspondían al Gobierno central.

Concretamente, desde el Cabildo de Tenerife estamos realizando un gran esfuerzo en este tema, y por eso hemos puesto en marcha servicios en toda la Isla para atender a las personas dependientes y a las familias.

Desde el Instituto de Atención Sociosanitaria y desde el Anillo Insular de Políticas Sociales, aportamos a diario más de 200.000 euros para la atención a la Dependencia y hemos invertido más de un millón de euros en el Anillo Insular de Políticas Sociales para acercar los servicios sociales especializados, también a personas dependientes como los enfermos de Alzheimer o Párkinson, a todas las comarcas.

Desde el IASS, además, se atiende a más de cuatro mil personas dependientes en la actualidad, a las que se suman las quinientas personas que se benefician de los servicios del Anillo Insular.

Pero los socialistas tinerfeños consideramos que es preciso que todas las instituciones, incluido el Gobierno de Canarias, hagamos un esfuerzo aún mayor en este asunto para que ninguna persona dependiente se quede sin atención.

El bienestar social y la atención a las personas en situación de Dependencia son de vital importancia para nosotros; lo han sido en los últimos cuatro años y lo hemos demostrado poniendo recursos para la atención a los más vulnerables en el momento en el que menos los recibimos desde el Estado. No es un logro, es nuestra obligación, como también lo es aumentar los recursos para que nadie en esta situación se sienta desprotegido y desamparado. Ese es nuestro compromiso.