Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC), la asignatura sobre los valores democráticos y constitucionales implantada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y "enterrada" luego por el Partido Popular a través de la Lomce, resucitará el próximo curso en Canarias como materia de libre configuración autonómica y llegará a todos los estudiantes de tercero de la ESO en las Islas.
EpC fue retirada de los currículos escolares después de la cerrada oposición manifestada por algunos colectivos, en particular la Iglesia Católica, y por el propio PP en su etapa de oposición al anterior Ejecutivo socialista.
Con este anuncio remató ayer el consejero de Educación del Gobierno regional, José Miguel Pérez, su exposición, ante la comisión parlamentaria del área, de la memoria de la legislatura que ya toca a su fin. Aunque insistió en que "queda mucho por hacer" y aseguró encontrarse "lejos de la plena satisfacción", Pérez evitó la autocrítica y prefirió centrarse, con datos en la mano, en el "avance notable" que han experimentado la mayoría de indicadores educativos, sin hacer mención a las debilidades de su gestión. Así, no hubo apenas referencias a las universidades más allá del incremento en el número de becas y del reconocimiento -a instancias del diputado de Coalición Canaria Nicolás Gutiérrez, quien lo animó a explicar las "sombras" de su actuación- del fracaso en el intento de completar el distrito universitario único.
Lo cierto es que al consejero lo acompañan las cifras: el mayor número de alumnos en las aulas de la historia, el registro más bajo de abandono temprano, mejoras en las tasas de repetición y graduación... Y todo ello, recordó en varias ocasiones, en "un contexto de extrema dificultad", marcado por "fortísimas restricciones, desconocidas en la etapa democrática", que se han traducido en la desaparición de los programas de cooperación territorial con el Estado y la merma de 700 millones de euros para el ejercicio de competencias autonómicas, recalcó el también vicepresidente del Gobierno.
Las críticas más duras vinieron del grupo popular, cuya portavoz en materia educativa, Maribel Oñate, acusó a Pérez de "sectario" y le recriminó haber obviado los aspectos negativos de su gestión. "Lo que usted no dice es dónde se ven las carencias", le espetó la diputada opositora.
Oñate basó su intervención en el informe realizado por la OCDE para el Archipiélago a finales de la legislatura anterior, que la Consejería ha ignorado, dijo, en puntos como la autonomía de los centros escolares -donde impera la "falta de libertad", afirmó- o la escasa cultura de la evaluación y la transparencia -"usted odia la evaluación", indicó-, que ha afectado al plan de familias puesto en marcha por la Consejería.
La eliminación de las becas de excelencia y la insuficiente promoción de la Formación Profesional Básica -la nueva modalidad de estas enseñanzas prevista en la Lomce- fueron también objeto de reproche por parte del PP.
Sin noticias de los centros con financiación privada
La construcción de quince centros educativos en el Archipiélago mediante la fórmula de la colaboración público-privada no ha dado resultados por el momento. Así se lo recordaron ayer al consejero José Miguel Pérez en el Parlamento varios grupos políticos. El primero de ellos fue el mixto (Nueva Canarias), cuyo diputado Pedro Justo -tras reconocer su "gran coincidencia" con los planteamientos de la Consejería- lamentó que este proyecto, anunciado hace ya más de un año, todavía "no haya salido".
La iniciativa consiste en que las empresas constructoras adelantan los fondos, que suman un total de 80 millones de euros, a cambio de explotar determinados servicios en los colegios e institutos, como las cafeterías o la limpieza, durante 27 años.
También el parlamentario del grupo nacionalista canario (CC) Nicolás Gutiérrez -que aplaudió los "avances notorios" que se han producido durante esta legislatura- advirtió de que este proyecto se encuentra "un poco empantanado".