Un total de 367 inmigrantes sin residencia legal han conseguido la tarjeta de asistencia sanitaria pública en Canarias desde que en 2012 quedaron excluidos por el Gobierno de España de ese derecho.

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza, dio esta información en una comisión parlamentaria en respuesta al diputado de Nueva Canarias Román Rodríguez, quien señaló que es una cifra "ridícula" frente a las 48.000 personas que fueron excluidas de este derecho básico.

Aquella decisión fue "una tropelía" a la que algunas comunidades se opusieron y consiguieron corregir, pero no ha sido el caso del Gobierno de Canarias, que sólo ha desplegado "discursos y palabrerías", dijo Román Rodríguez, mientras ha dejado sin asistencia sanitaria a los miles de inmigrantes que no tienen regularizada su situación.

Se trata de un problema dramático para los afectados, pero también es poco inteligente por parte del Gobierno de Canarias que contribuye al colapso de los servicios de urgencias debido a que es la única vía que tienen para recibir asistencia, denunció.

Román Rodríguez advirtió además de que no es inteligente en términos de salud pública dejar sin control sanitario a un amplio segmento de la población.

La consejera indicó que en total se han recibido 642 solicitudes de tarjetas sanitarias por parte de inmigrantes en situación irregular, de las que 367 se han admitido, 36 están en fase de subsanación, 115 fueron rechazadas por no contar con la documentación requerida y 124 han desistido o han sido denegadas por tener ingresos económicos o seguro médico privado.

Mendoza subrayó que ha sido el Gobierno de España y no el de Canarias el que ha privado del derecho a la asistencia sanitaria a los inmigrantes.

Dijo que su departamento ayuda a los solicitantes en la tramitación y consecución de documentos e hizo un llamamiento para que se comunique a la Consejería cualquier denegación de atención por parte de algún médico.