El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma ha decidido ceder a una empresa de Tenerife locales municipales para la impartición de cursos de formación, además de cubrir todos los servicios básicos, colaboración que, sin embargo, no se traducirá en un descuento para los alumnos que participen en los mismos, que tendrán que abonar íntegramente el coste de la matrícula.
La oposición municipal planteó en sesión plenaria su disconformidad con esta decisión. En concreto, el portavoz de Coalición Canaria, Juan Ramón Felipe, aprovechó el apartado de ruegos y preguntas para cuestionar al gobierno (PP-PSC) por las cláusulas del acuerdo alcanzado con esta empresa: "Viene de fuera, le ponemos los locales, el agua, la luz y todo lo que necesiten, no paga nada, cobra a los alumnos por los cursos y se lleva el dinero. ¿Qué acuerdo es ese?".
El responsable de Recursos Humanos y Desarrollo Local, Julio Felipe, dijo que son cursos -en ningún momento se especificó qué materia abordan- "que nos demandan y que ninguna de las dos academias que tenemos aquí y con las que hemos hablado los imparten. Por ello, llegamos al acuerdo con esa empresa de Tenerife", subrayando que "nos dan tres matrículas para servicios sociales".
Al portavoz nacionalista no le convenció la respuesta que le llegó desde la bancada del gobierno local y pidió un informe por escrito "donde las dos academias con sede en Santa Cruz de La Palma certifiquen que no dan esa formación". CC optó por abstenerse y no votar en contra "porque estamos de acuerdo con la formación", no con el acuerdo firmado.
Por su parte, el concejal no adscrito, Alejandro Hernández, aunque de forma "no oficial" actúa como representante de Nueva Canarias, preguntó realmente "si los cursos son de pago" y si con la colaboración que presta el ayuntamiento "no se reduce en absolutamente nada en el coste de la matrícula de los alumnos". Pareció no creérselo, hasta que Julio Felipe le respondió que sí, que efectivamente "es así", que no hay descuentos por la financiación del ayuntamiento, lo que hizo al edil opositor votar en contra del acuerdo, al entender que no era un convenio en absoluto razonable.