El juicio de la Audiencia Provincial celebrado ayer en el juzgado de Santa Cruz de La Palma contra el exalcalde de Los Llanos de Aridane, Juan Ramón Rodríguez Marín, por presunta falsificación de documento público y prevaricación administrativa relacionada con la instalación de una oficina de información turística en Puerto de Naos en el año 2010, quedó visto para sentencia, con la petición del fiscal de tres años y tres meses de prisión y siete años de inhabilitación por el primer supuesto delito y otros cuatro años de inhabilitación por el segundo, mientras que la defensa solicita la libre absolución del acusado.
En la misma causa, el fiscal solicita además cuatro meses de inhabilitación para una técnico municipal y la misma pena para la representante de la empresa que instaló la citada oficina, en este último caso para el ejercicio de actividades con la administración pública.
Juan Ramón Rodríguez Marín no se quedó con dinero ajeno. Con nada. Ni siquiera dejó la obra sin hacer. La subvención recibida se destinó íntegramente para lo que fue concedida. Eso no se debate. Ni de lejos. Los hechos se remontan al 30 de junio de 2010. Los acusados firmaron ese día la recepción de la obra, certificando, por tanto, que estaba finalizada, cuando la realidad, tal y como quedó meridianamente demostrado en el juicio de ayer, es que la oficina aún no estaba instalada.
La "alteración de la realidad", tal y como la definió el fiscal, está estrechamente ligada a una subvención concedida al ayuntamiento por la Reserva de la Biosfera de La Palma para esta actuación, con la citada fecha como tope para acabarla. En caso contrario, la corporación perdería la ayuda, aunque no es menos cierto que se podía haber solicitado una prórroga con antelación, lo que, sin embargo, no se hizo hasta que precisamente un concejal de la institución llanense, Indalecio Pérez (CNN), decidió denunciar esta situación después de analizar el expediente y comprobar la supuesta irregularidad en la certificación de finalización de la obra.
El fiscal mantuvo en el juicio durante su exposición final que la falsificación documental "es evidente", ya que se firmó la recepción de la obra "sin estar acabada". Defendió que esta certificación "es un documento esencial", sin el que "no se podía dar por concluido el expediente". Sostuvo además que la prórroga para acabar la oficina de información se acabó pidiendo a la Reserva de la Biosfera "porque hubo una denuncia", y no porque fuera la intención inicial del exalcalde.
El fiscal defendió que Rodríguez Marín "era plenamente consciente de lo que hacía" cuando firmó el documento objeto de juicio. A propósito, recordó que el antaño regidor llanense "negoció el convenio, firmó el contrato de adjudicación, firmó la certificación de finalización de obra (...)", y no se puede decir ahora "que no tenía constancia de nada", cuando la realidad es que "era consciente de la falsedad" que se estaba cometiendo. Además, mantuvo la acusación de prevaricación "que tiene su origen en una falsedad".
Por su parte, el abogado del exalcalde señaló que "ha quedado demostrado que la certificación de la obra (donde el fiscal dice que se falseó la realidad) no implicaba el pago de la subvención (...). La obra continuó, la prórroga solicitada se cumplió escrupulosamente y la oficina de información turística se acabó". Además, se mostró firme al señalar que "nadie puede asegurar que Juan Ramón Rodríguez Marín tenía conocimiento de que la obra estuviera o no acabada cuando firmó la recepción de la misma", ni tampoco que tuviera pleno conocimiento de lo que estaba firmando, ya que "es imposible que el alcalde pudiera leer toda la documentación que recibía a diario para su firma, que, además, iba previamente firmada por una técnico o por la secretaria del ayuntamiento".
Sobre la acusación por prevaricación, el abogado de Marín dijo que "no hay ni atisbo de prueba" para ello". Además, subrayó que al exalcalde "no se le ve ni tiene actitud de un delincuente".
El juicio terminó con una breve intervención del exregidor municipal, que defendió su trabajo, basado en "principios de buena fe" para no perjudicar "a los ciudadanos ni a las instituciones". Es más, considera "inverosímil" haber llegado "a esta situación".
Declaración ante el juez de cuatro testigos
Indalecio Pérez, el exconcejal del CCN que denunció las irregularidades en el expediente de la oficina turística de Puerto de Naos, manifestó en el juicio que se leyó el expediente entero, encontrando la certificación irregular de finalización de obra, lo que hizo que presentara la denuncia: "Yo no lo hubiera hecho", dejóclaro, en referencia a la decisión de Marín de supuestamente falsear la realidad. Isidro Javier González, exconcejal de Infraestructura, también intervino como testigo. Visiblemente nervioso dijo que "no se recibe el dinero de ninguna obra sin una supervisión final", restando cierto valor al papel objeto del juicio, que reconoció que fue él quien se lo entregó a la técnico municipal para que lo firmara antes del visto bueno del exalcalde. Subrayó que la certificación "fue un tramite administrativo para cumplimentar el expediente y no perder la subvención" de la Reserva de la Biosfera. Por su parte, Petra María Ramos, secretaria accidental del ayuntamiento y que participó en la tramitación del citado documento, manifestó que al exregidor municipal "no le da tiempo de leer todo lo que firma", y desconoce si Marín "ya sabía si la obra estaba o no terminada" cuando así lo certificó. Por último, Antonio San Blas, gerente de la Reserva de la Biosfera, indicó que la solicitud de prórroga fue en septiembre de 2010, meses después de que el exalcalde firmara que la obra ya estaba acabada.