El exalcalde de Los Llanos de Aridane, Juan Ramón Rodríguez Marín, no necesitaba falsificar ningún tipo documento ni saltarse la legalidad para mantener la subvención concedida por el Estado a través de la Reserva de la Biosfera de La Palma, para la instalación de la oficina de información turística en la zona costera de Puerto de Naos, tal y como hicieron al menos otras dos instituciones de la Isla para actuaciones enmarcadas en el mismo convenio firmado en 2010 y que tampoco pudieron finalizar sus obras en la fecha prevista.
Durante el juicio celebrado por la Audiencia Provincial en el juzgado de Santa Cruz de La Palma quedó al descubierto que la intención del exalcalde, una técnico municipal y la representante de la empresa que suministró el quiosco de turismo, los tres con acusaciones de la Fiscalía y a la espera de sentencia, a la hora de supuestamente firmar el certificado de finalización de obra sin que estuviera acabada, el 30 de junio de 2010, no era otra que evitar la pérdida de la ayuda estatal aunque fuese "alterando la realidad", como sostiene el fiscal. No hubo ningún interés personal.
Sin embargo, los hechos demuestran que el Ayuntamiento de Los Llanos no tuvo que llegar a esos extremos para asegurar la subvención y, además, estar dentro de la más estricta legalidad. La prueba está en que el Ayuntamiento de Fuencaliente así lo hizo con la ayuda recibida para el quiosco de la plaza mirador del Charco. Cuando el alcalde, Gregorio Alonso, comprobó que, por diferentes circunstancias, la actuación no iba a acabar antes de la fecha prevista, que era la misma que para todas las corporaciones locales (también para Los Llanos) acogidas al convenio de 2010, solicitó una prórroga de seis meses, que le fue concedida.
La segunda institución que utilizó la misma estrategia legal para no perder la subvención que tramitaba la Reserva de la Biosfera fue el Cabildo de La Palma, que fue objeto de una partida económica estatal para obras en una casona en las cercanías de Las Nieves, en la capital. Tampoco le dio tiempo de finalizarla y antes del 30 de junio de 2010, solicitó seis meses más de plazo, que disfrutó sin ningún contratiempo.
El exalcalde de Los Llanos de Aridane, sin embargo, pidió la prórroga después del 30 de junio y cuando ya supuestamente había falsificado la certificación de la obra (por lo que se enfrenta a 3 años y 3 meses de cárcel), y aún así, le fue concedida tras una reunión celebrada en septiembre de 2010 por la comisión de seguimiento de este convenio. Para rizar el rizo, en el expediente final de la instalación de la oficina de turismo en Puerto de Naos, se mantuvo como fecha de finalización la que fue alterada por el regidor, la técnico municipal y la representante de la empresa. Ni siquiera en ese momento se intentó evitar el supuesto engaño.
Fuentes consultadas por esta redacción, conocedoras de estos procedimientos, afirman que "lo que hizo Juan Ramón Rodríguez Marín lo hacen muchos alcaldes, por muy ilegal que sea es más cotidiano de lo que pueda parecer, pero en este caso la excepción, que en otras situaciones no siempre ocurre, es que tenía una manera sencilla de pedir prórroga antes del 30 de junio de 2010 sin necesidad de falsear la realidad". "Quizás fueron de sobrados", sentencian.