Los sindicatos UGT y CCOO afirman que el documento que les ha remitido hoy el Gobierno canario sobre la parte económica del Régimen Económico y Fiscal (REF) no concreta las medidas sociales y es insuficiente en cuanto a las propuestas para aumentar la cohesión social en el archipiélago.

Añaden ambas fuerzas sindicales en un comunicado conjunto que el documento remitido por el Gobierno a sindicatos y empresarios sobre el REF económico, al que faltaba incorporar las propuestas sindicales, recoge aproximadamente el 50 por ciento de las propuestas de UGT y CCOO.

Los sindicatos ven "extraordinariamente positivo" la incorporación en el documento de la responsabilidad social de las empresas con carácter de aplicación a las ayudas económicas y fiscales.

Aun así, prosiguen, es insuficiente la concreción de medidas destinadas a la cohesión social de Canarias y UGT y CCOO creen necesario vincular en el texto que el Plan de Empleo específico para Canarias tiene que citar tácitamente un plan de ayudas para los parados mayores de 55 años.

Para ello piden tomar como referente el salario mínimo interprofesional, con el objetivo de que a través de su cotización a la Seguridad Social se garantice a este colectivo de parados una jubilación digna y el acceso a una pensión contributiva en el mejor de los casos.

De la misma manera se propone estipular en este apartado una prestación para familias con todos sus miembros en paro y que se vinculen las ayudas a la activación del empleo de estos sectores.

"No sería razonable que se sigan reconociendo bonificaciones para la promoción y las infraestructuras turísticas y no a estos sectores sensibles de la sociedad canaria que vienen a representar un déficit estructural" de las Islas, advierten UGT y CCOO.

Consideran además que el proyecto de ley puede recoger en su texto la creación de una cooperativa de crédito pública para tramitar los créditos ICO, ya que en el texto inicial del gobierno recoge la posibilidad que en el ámbito de sus competencias los poderes públicos puedan adaptar las actuaciones legislativas y reglamentarias, así como sus decisiones financieras y presupuestarias, a la condición de Canarias como región ultraperiférica.