Las comunidades autónomas y la Fiscalía General Anticorrupción se están dotando de medios para afrontar los delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo. Así lo afirmó ayer el abogado y fiscal en excedencia Javier Muñoz Cuesta, que participó en las Jornadas sobre Delitos relacionados con la corrupción, que organiza el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. Muñoz Cuesta reconoció que faltan suficientes medios y jueces y fiscales especializados en este tipo de delitos.
No obstante, dicho ponente señaló que "se va avanzando y hay un cambio sustancial", respecto a hace varios años.
Respecto a si los macroprocesos judiciales en materia de corrupción se ven afectados por la falta de "especialización" de algunos jueces o fiscales, Muñoz Cuesta apuntó que "son tan complejos, pues hay testigos, peritos, expertos, que se van alargando; y si ya de por sí la Administración de Justicia no es todo lo rápida que sería deseable, es casi imposible que no se prolonguen en el tiempo".
Recordó que, actualmente, en el ámbito penal es donde no hay magistrados especializados en abordar asuntos de corrupción o de delitos contra la ordenación del territorio.
En el caso concreto de la sentencia sobre el edificio de aparcamientos de Las Teresitas o "mamotreto", Javier Muñoz dijo que se trata de sentencias firmes e inmodificables.
Sin embargo, tanto en su intervención como ante varios medios, aseguró que, si el asunto estuviera aún en procedimiento, "aplicaríamos la posibilidad de subsanación" de los supuestos errores en el informe sobre el deslinde de costas.
Sobre el actual conjunto de normas urbanísticas, insistió Muñoz Cuesta en que genera "inseguridad jurídica" a "constructores y promotores que muchas veces actúan de buena fe y se ven sorprendidos por la complejidad" legislativa en esta materia.
Uno de los promotores de las jornadas, el letrado Manuel Fredy Santos Padrón, explicó que la razón de la organización es la formación de los abogados y, al mismo tiempo, la materia trasciende el ámbito jurídico y posee interés desde el punto de vista sociológico, de la educación, de la Justicia y mediático.
Santos Padrón negó que los abogados se estén viendo desbordados ante este tipo de casos, pero "probablemente si se lo preguntáis a los fiscales y a los jueces, desde luego que sí".
Aclaró que "las macrocausas, en las que hay 40 o 50 personas encausadas, por supuesto que sí supone un problema enorme" para los órganos judiciales.
Además, Fredy Santos Padrón apuntó que "muchas veces" esos macroprocesos también generan perjuicios para los "encausados, porque constituyen infracciones de garantías procesales para los imputados".
Sociedades en el 80% de delitos económicos
El presidente de la Audiencia Nacional, el tinerfeño José Ramón Navarro Miranda, fue el encargado de abrir las ponencias con el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas. Navarro recordó que el 80% de los delitos económicos son cometidos por sociedades. Navarro destacó la importancia de que las personas jurídicas establezcan programas de prevención y control interno para evitar conductas delictivas entre sus empleados o directivos. Aclaró que "no cualquier delito puede ser cometido por una persona jurídica". Algunos de los que sí pueden atribuirse a sociedades son los delitos ecológicos, la trata de seres humanos, el blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias o financiación del terrorismo, por ejemplo. Sin embargo, no se ha incluido la "apropiación indebida". Las personas jurídicas pueden recibir penas como la disolución de la sociedad, la clausura de locales o la intervención de las compañías. La abogada del Estado Lucía Pedreño disertó sobre "Contratación pública y corrupción. Delitos cometidos por funcionarios". Pedreño incidió en que las autoridades de gobiernos autonómicos y los ayuntamientos, principalmente, se benefician de la condición de interinos de algunos abogados y otros técnicos para perpetrar irregularidades, pues los citados profesionales no tienen garantizado su puesto de trabajo y, por lo tanto, tampoco tienen asegurada la independencia en sus decisiones. Los delitos que se les atribuyen a los funcionarios son prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. En el caso del cohecho, explicó que el implicado "activo" es el particular que ofrece el "regalo", y el "pasivo", el funcionario que acepta la "dádiva" o la pide. Pedreño explicó que la cuantía de los regalos es lo que realmente separa la aceptación legal del delito. El exsecretario de Estado de Justicia, Julio Pérez, presente entre el público, se mostró a favor de prohibir cualquier tipo de regalo, independientemente de su valor, para evitar toda clase de suspicacias.