La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) admitió a trámite la querella presentada por uno de los imputados implicados en el caso Corredor, el empresario Evaristo González, contra el juez César Romero Pamparacuatro, lo que implica, según las fuentes jurídicas consultadas, que el magistrado se aparte de la instrucción de este caso en La Laguna.

González había denunciado al juez por un presunto delito de retardo malicioso en la administración de Justicia en un asunto en el que están imputados, entre otros (incluidos tres concejales más), el alcalde de La Laguna y candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias por Coalición Canaria (CC), Fernando Clavijo.

El empresario había denunciado al juez Pamparacuatro por la demora en la notificación del auto atribuida a la falta de un escáner en la sede judicial lagunera.

Fuentes jurídicas aseguraron anoche que el caso será instruido a partir de ahora por la juez de apoyo al Juzgado de Instrucción número 3 de La Laguna. También hicieron constar que el auto dictado por el TSJC el pasado miércoles y hecho público ayer imputa a la secretaria del Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna un delito de encubrimiento.

El portavoz de las defensas del caso Corredor, Carlos Álvarez, dijo que la decisión del TSJC podría desembocar, aparte del mencionado cambio de magistrado, en que la propia instrucción sea paralizada en todos sus extremos porque el juez César Romero Pamparacuatro "ha incumplido las garantías básicas" de los imputados. El letrado adelantó que los abogados van a pedir la cuestión prejudicial penal al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que consiste, explicó, en que se "paralice el caso Corredor hasta que se ventilen las diligencias penales contra el juez César Romero Pamparacuatro".

Álvarez señaló que si existe un "retraso malicioso" en la instrucción por parte de un juez, se cae "una de las garantías básicas" de los imputados en el proceso.

El abogado aseguró que uno de los principios básicos en la nulidad del procedimiento penal es que un juez tramite "maliciosamente" una instrucción, al tiempo que ha insistido en que, en el caso de que el TSJC admitiese la cuestión prejudicial penal, el caso Corredor se "pararía en seco". En caso de que no se admita la cuestión prejudicial penal, seguiría adelante con la jueza de Instrucción Tres.

El juez Pamparacuatro comenzó la instrucción de este caso en sustitución de la jueza Matilde García Flores, que la había iniciado en el año 2010 y que fue quien autorizó la realización de unas escuchas telefónicas que dieron lugar al denominado caso Corredor.

Esta semana, el Juzgado de Instrucción número 1 de La Laguna dio por reconstruido el auto de 2010 que autorizó esas escuchas telefónicas, las cuales habían desaparecido de la instrucción judicial. Una decisión que, según Carlos Álvarez, fue un "varapalo para todos los argumentos de las defensas", que mantenían que el auto de abril de 2010 que autorizaba los pinchazos telefónicos no debería ser objeto de reconstrucción. El magistrado César Romero Pamparacuatro considera que se presentaron suficientes pruebas de que ese auto existía y de que desapareció de la causa por razones "totalmente desconocidas e inexplicables" antes de que esta fuera foliada.

Las defensas de la mayoría de los imputados anunciaron que impugnarán ante la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife la reconstrucción del auto de 2010 que autorizó las escuchas telefónicas.

El 13 de noviembre pasado fue cuando el alcalde Fernando Clavijo anunció que había recibido un auto de imputación por presunto fraude en subvenciones, tráfico de influencias y prevaricación.