"¿Papá, nos van a echar de casa?". En la pregunta realizada por uno de los hijos de los inquilinos de Banif en Añaza, se resume toda la angustia vivida por una veintena de vecinos, que se despertaron ayer con la amenaza de un desahucio inesperado e inaudito.

Inesperado porque todos creían que el Instituto Municipal de Asuntos Sociales (IMAS), que es quien paga, estaba al día con los recibos. Inaudito porque la vivienda se la facilitó el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife mediante un acuerdo con una empresa inmobiliaria perteneciente al Banco Santander.

"Nos obligaron a renunciar a una vivienda pública y ahora nos van a dejar en la calle con nuestros hijos", explicaban los afectados.

El convenio que fue vendido a bombo y platillo por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en julio de 2013 parece que no está funcionando bien.

Inma Évora, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), aseguraba ayer que fuentes judiciales le han asegurado que hay alrededor de 40 procesos de desahucio iniciados ya contra inquilinos de Banif.

Entre ellos, hay algunos que son particulares y 66 que consiguieron ese alquiler social a una media de 243 euros al mes, que se paga casi íntegramente con PEAS de 2.400 euros al año, renovables hasta tres años.

Alicia Álvarez, concejala del IMAS, decía ayer que para pagar el alquiler los vecinos tienen que recoger los recibos de Banif y registrarlos en la UTS de Añaza, pero que algunos no lo estaban haciendo.

No obstante, no descartó que también existiera "un error del IMAS" que solventarían a la mayor brevedad.

Una de las afectadas, ya con cita judicial por el desahucio, explicaba que ya habían abonado los tres meses por los que la querían echar, pero que ahora debía otros tres.

La veintena de las familias que se congregaron ayer a las puertas del IMAS aseguraron que entregaban los recibos.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, recibió ayer a una representación de estos vecinos y, al finalizar la reunión, aseguró sentirse "muy enfadado".

"Yo garantizo que ningún vecinos se le va a desahuciar ni se le va a amenazar", afirmó ayer a EL DÍA. Bermúdez dijo que se trataba de un proceso "injusto" y que lo "lo primero que tenía que haber hecho el Santander es llamar al Ayuntamiento".

El alcalde aclaró que todos esos inquilinos "tienen un informe de un trabajador social" y que hay "un convenio firmado a tres bandas". "Nos están tratando como si fuéramos un país extranjero", se quejó.

Bermúdez consideró el proceso "injusto, desproporcionado y que crea alarma social" y exigió que se paralicen estos desahucios y "se sienten a negociar ya". Y si no, "habrá consecuencias para el grupo Santander", adviritó, molesto, el alcalde.

1.610 PEAS de alquiler

Alicia Álvarez, edil responsable del IMAS, recordó ayer que en 2014 se pagaron un total de 1.610 PEAS de alquiler, que supusieron un 1.582.000 euros. "Entre ellas están las de estas personas", dijo, en referencia a los vecinos de Añaza residentes en viviendas de Banif. Álvarez recordó que en 2011 "no había ni 400 PEAS" destinadas a alquileres y que, además, este grupo de gobierno ha aumentado el máximo que puede percibir una familia, de 1.800 euros al año a 2.400. A pesar de todo esto, uno de los motivos de queja de los alojados es que se les obligó a darse de baja como demandantes de una vivienda pública. Muchos firmaron "no conforme".