Las 66 familias de Añaza que viven en pisos del fondo de inversión Banif Inmobiliario (hoy Luri 6) veían ayer con impotencia cómo han quedado excluidas del sorteo hoy de 105 viviendas de promoción pública en La Gallega.
Todos ellos, cuando aceptaron entrar en estos pisos alquilados a Banif pero pagados por el Instituto de Asuntos Sociales (IMAS), a través de PEAS, tuvieron que firmar un papel en el que renunciaban a seguir en la lista. No obstante, muchos de estos vecinos afirmaron a este periódico haber firmado "no conforme" y avanzaron que van a "impugnar" el sorteo.
"Nosotros pedíamos una vivienda pública, no esto", decía Fuensanta, una de las vecinas que han recibido una de las cartas amenezantes de Banif en la que se les da tres días para abonar la deuda si no quieren entrar en un proceso judicial de desahucio.
La mayoría de estas 66 familias estaban tan desesperadas cuando el Ayuntamiento de Santa Cruz les ofreció este alquiler, que lo aceptaron pensando que, al menos durante tres años, no tendrían que preocuparse del techo.
Sin embargo, solo un año después la inmobiliaria ha comenzado procesos de desahucio, incluso contra inquilinos que solo tenían un mes de retraso y que no formaban parte de este convenio firmado por el ayuntamiento.
El problema de fondo, además, es que los contratos están a nombre de cada inquilino, por lo que los desahucios no van contra el ayuntamiento, sino contra estas 66 angustiadas familias.
Aunque muchas prefieren creer en las palabras del alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, que aseguró ayer que "el delegado territorial del Santander" le ha asegurado "que va a parar todos estos procedimientos", otras ya están poniendo los ojos en el 2017, cuando acaban los tres años de convenio y pueden verse en la calle.
La vida de estas familias no ha sido un camino de flores. Están luchando por sacar adelante a sus hijos y algunos llevan meses sin luz por no poder pagar los recibos. "Todo es eléctrico en estas casas", contaban.
Por eso muchos se han comprado camping gas, bombillas de bajo consumo e incluso ahorran a la hora de secarse el pelo. Y ni por esas.
"No va a haber ningún desahucio", dicen y repiten tanto el alcalde como la concejala del IMAS, Alicia Álvarez. Esta última afirmó que "el grueso" de los alquileres "está pagado hasta enero".
Pero el susto y el disgusto que estas 66 familias se han llevado no se lo va a quitar nadie.
Sospechas sobre la venta del edificio de Añaza
El fondo de inversión Banif Inmobiliario fue inscrito a principios de año en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como Luri 6 SIII. "El objetivo de esta sociedad es liquidar los activos que todavía tiene en cartera, cifrados en más de 1.500 millones de euros", según publicaba el pasado mes de enero la revista "Real State". El fondo se ha transformado en una Socini (sociedad de inversión del mercado inmobiliario) y los movimientos en el edificio de Añaza son una consecuencia más de esa transformación. Economistas consultados por este periódico aseguraron ayer que la generalización de los procesos de desahucios indican que "están intentando vender el edificio" a un tercero, sea este un fondo buitre u otro tipo de sociedad. Se podría, así, dar cierta similitud con el caso de la venta de 32 promociones de viviendas de protección oficial (3.000 pisos) que el Ayuntamiento de Madrid vendió a un fondo buitre, aunque en este caso las viviendas de Añaza nunca han sido públicas.
El Banco Santander ni contesta ni aclara
Este periódico ha contactado en varias ocasiones con el Banco Santander, propietario de Banif hoy Luri, para tratar de aclarar cuál es la problemática surgida en el edificio de Añaza y su posible solución. Sin embargo, primero por la imposibilidad de obtener información antes del cierre de la edición, y después sin ofrecer más explicaciones, los responsable del banco no se han pronunciado sobre esta problemática que afecta a al menos 66 familias. No obstante, los residentes en la parcela de Banif sostienen que son las alrededor de 80 viviendas que hay habitadas las que están afectadas por los apercibimientos de pago en tres días y posteriores procesos de desahucio.