Los vecinos de Añaza afectados por las recientes notificaciones de desahucio e impago pretenden acudir a José Manuel Bermúdez con una petición. Lo que plantean es que se amplíe el convenio de alquiler de viviendas del Ayuntamiento de Santa Cruz con el banco Santander de 3 a 10 años. Para los vecinos sería una manera de que el banco les pida disculpas "por todo lo que han pasado". "El alcalde nos ha dado su palabra de honor de que esto se iba a solucionar" explica uno de ellos. Por esta razón la petición se la harán a Bermúdez de forma directa.
Los vecinos denuncian no haber obtenido respuestas por escrito. Y es que el trámite de demanda, por el cuál se estima desahuciar a una de las vecinas, no se ha parado. Aunque el viernes pasado el IMAS pidió tranquilidad, la falta de un documento escrito se lo impide. "No podemos estar tranquilos", explicó. Lo único que piden es que se respeten sus derechos y que actúe en consecuencia quien sea responsable. El vecino explicó los problemas que acarrean el no haber aparecido en las listas públicas de viviendas. "Cuando nos incorporemos de nuevo, perderemos la antigüedad", explicó el afectado. Este lleva 7 años esperando por una vivienda social. La situación límite en la que se encuentran los vecinos les ha llevado a pedir ayuda a este periódico para encontrar un abogado. Buscan a alguien que trabaje de forma altruista, ya que no tienen suficiente capital para permitírselo. Lo que quieren, principalmente, es su asesoramiento para saber "por dónde pueden caminar".
El vecino concluyó invitando a la reflexión. "Calculen cuántas personas van a dejar en la calle" dijo. Así pues, sabiendo que existen 66 familias afectadas y cada una posee de media de 3 integrantes, se puede calcular que casi 200 personas podrían quedarse sin techo.