La Guardia Civil, que ha detenido hoy en Andalucía a 16 personas vinculadas con la gestión de los cursos de formación, no descarta nuevas imputaciones en una operación en la que se investigan posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones.

La operación, denominada "Barrado", se ha realizado en el marco de las diligencias del juzgado de instrucción 6 de Sevilla, que lleva la magistrada Mercedes Alaya, y en la misma se han detenido a siete personas que han desempeñado el cargo de director provincial del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en las provincias andaluzas, y cuatro han estado al frente de direcciones generales en el mismo SAE.

Un comunicado de la Guardia Civil explica que en esta operación, realizada por el Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, también se ha detenido a los ex directores gerentes de los consorcios FORMADES y CIOMIJAS, así como a la presidenta de la Unión Temporal de Empresas (UTE) de CIOMIJAS, en Mijas (Málaga).

Los agentes, que ha registrado dos domicilios, han actuado en las ocho provincias andaluzas con tres detenciones en Sevilla; dos en Córdoba; dos en Cádiz; tres en Málaga y dos registros; una en Granada; dos en Huelva; dos en Almería; y una en Jaén.

Entre los detenidos están los delegados de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Sevilla, Aurora Cosano Prieto, y de Huelva, Eduardo Manuel Muñoz García, que fue alcalde de Nerva (Huelva), que ocupaban hasta hoy sus cargos, aunque el Consejo de Gobierno de la Junta ha acordado esta mañana el cese en sus responsabilidades.

Según ha informado hoy el portavoz del Gobierno andaluz en funciones en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, estos dos directivos han sido apartados de sus cargos sin que por ello "se le quite" el respeto a la presunción de inocencia, pero que el Gobierno debe actuar "con hechos y de forma inmediata e implacable".

La Guardia Civil ha señalado que durante el desarrollo de esta operación se procederá a las imputaciones de otras personas vinculadas a la gestión de estos fondos de formación, y que los detenidos pasarán a disposición judicial una vez practicadas las diligencias policiales necesarias.