Por fin habla la dirección provisional de Comisiones Obreras Canarias. Lo hace tarde y lo hace mal. Desde el título, con el que pretende aparentar una normalidad que luego va desmintiendo en el contenido literal de lo expresado por el compañero, que tiene el honor de coordinar la dirección provisional y, supongo, que el de firmar el artículo.
Son las trampas del lenguaje cuando uno pretende vender humo y llenar páginas sin decir nada que no resulte obvio, incluso antes de decirlo. Corramos la cortina y veamos lo que se esconde detrás de lo que no se quiere esconder.
Que la existencia de una dirección provisional es una posibilidad contemplada en los estatutos es una de esas obviedades a las que me refería. Lo que resulta insólito en el caso de Canarias es que esa dirección provisional se componga sin tener en cuenta el resultado del último congreso y que quienes fueron minoría en ese congreso, cinco de once, ahora sean ocho de doce en la dirección provisional. Y eso sumando, para llegar a cinco, a las dos sensibilidades de las que el compañero no habla, pero que hasta hoy solo han conseguido ponerse de acuerdo en una cosa, que ha sido forzar con sus dimisiones la disolución de la comisión ejecutiva.
Que los estatutos del sindicato han sido aprobados democráticamente es otra obviedad que nadie discute y a la que se agarran como a un clavo ardiendo los defensores de la tesis de la normalidad. Lo que denunciamos es que quien ha tenido que aplicarlos lo ha hecho sesgada y arbitrariamente, lo ha hecho para resolver problemas políticos por la vía disciplinaria y eliminando sin más a los discrepantes. Lo que denunciamos es la existencia de dos direcciones provisionales en la organización, la confederal y la de la mayor federación de Canarias, compuestas ambas con el criterio de otorgar la dirección a quien está acreditado como minoría y secuestrarla de las manos de quienes han acreditado igual su condición de mayoría, y lo cierto es que el gobierno de la minoría es justo lo contrario de la democracia; el resto es una distorsión argumental producida por la óptica de quien ha sido impuesto como coordinador y no elegido por la afiliación y considera que este último es un trámite pendiente que ya se hará cuando se pueda, es decir, una vez limpio el camino de oposición por la vía de las sanciones y la represión de la discrepancia.
Que el sindicato atraviesa probablemente la crisis más grave de su historia es otro hecho obvio. Antes incluso del conflicto interno, la pérdida de casi un tercio de la afiliación y de todos los ingresos obtenidos al margen de las cuotas ha generado una situación difícil que se ha trasladado a la sociedad sin ambigüedades ni medias tintas, porque la democracia se gestiona con las ventanas abiertas. Que mientras eso ha sido así, otras estructuras del sindicato han vivido en la abundancia y sus dirigentes, en una orgía indecente de sobresueldos y gastos de representación incontrolados, es otro hecho tan doloroso como innegable. Que las conductas que se consideran dañinas para la organización sean las diferencias en torno a la legalidad de un congreso y no las prácticas de este tipo, que el régimen disciplinario se aplique contra la mayoría de un congreso y no contra quienes ensucian el trabajo de miles de compañeros y compañeras, solo es otra muestra de cómo se puede perder el norte cuando uno no levanta la cabeza del ombligo.
Pero cuando el artículo roza el esperpento es cuando, en un intento de fraguar unidad en el interno frente a la amenaza exterior, intenta torcer un argumento que no puede rebatir para convertirlo en herramienta propia; eso sí, pasando del contenido y quedándose en el envoltorio. A nosotros lo que nos preocupa es el deterioro reputacional que el sindicalismo confederal de clase -y esto afecta por igual a UGT y a Comisiones Obreras- lleva sufriendo desde el inicio de la crisis. Nos preocupa que a la innegable campaña de desprestigio le regalemos munición con prácticas que nos alejan de los afiliados y afiliadas, con discursos huecos que en medio de la tormenta venden normalidad, con ese afán torpe de señalar a quien denuncia estas prácticas y no a las prácticas como responsable del deterioro.
CCOO Canarias no es una franquicia de nadie ni una sucursal de Madrid, es una organización viva con más de treinta años de historia en la legalidad. Una organización que no conoce sobresueldos ni privilegios para quienes la han dirigido, y que si bien ha vivido, en el pasado remoto, graves conflictos internos, fueron siempre en los límites del interno y nunca con la voluntad de echar a nadie del sindicato, sino de ganarle el congreso con votos, y esta es la diferencia que impide que este conflicto sea normal, que esta vez ante la imposibilidad de ganar se pretende expulsar para imponer y, sean las que sean las consecuencias, vender la imagen de que todo es normalidad en el frente, saltándose otra obviedad, que es que en el frente lo normal son los tiros.
La misma publicación del artículo es la evidencia innegable de la existencia de una grave crisis política, sí, pero también intelectual y moral en Comisiones Obreras Canarias, y la mejor noticia que nos trae es que quien lo firma representa a los menos que inútilmente intentan silenciar a los más. En eso y no en ninguna figura personal ni en salvapatrias alguno radican nuestras esperanzas, en que somos más los "anormales" y, si se me permite la licencia, estamos más contentos de ser lo que somos, gente de Comisiones Obreras.