El Pleno del Congreso ha dado luz verde al nuevo Código Penal con el apoyo del PP y el rechazo en bloque de la oposición, que ha lamentado que hoy "es un día negro" para la sociedad por la aprobación definitiva de la reforma, que introduce la "cadena perpetua" mediante la prisión permanente revisable.

Con 181 votos a favor y 138 en contra y dos abstenciones, la Cámara Baja ha puesto punto y final a la tramitación de la norma un año y seis meses después de iniciar su recorrido parlamentario en las cámaras, en el que han incorporado 400 de las más de 2.000 enmiendas presentadas a la norma, que entrará en vigor a partir del próximo 1 de julio.

Los ministros de Justicia, Rafael Catalá, e Interior, Jorge Fernández Díaz, han asistido al debate, que han presenciado desde la tribuna los representantes de las asociaciones de víctimas y familiares de las jóvenes asesinadas Sandra Palo, Marta del Castillo y Mari Luz Cortés, quienes, fuera del hemiciclo, han agradecido al Gobierno la introducción de la prisión permanente revisable.

En el debate, la oposición ha señalado que hoy "es un día negro" para la democracia y la sociedad por la incorporación al ordenamiento jurídico español de la "cadena perpetua" a través de la prisión permanente revisable, que ha defendido el PP al subrayar que la "apoyan dos tercios de todos los españoles".

Así, el diputado popular Leopoldo Barreda ha destacado que esta nueva figura penal "no renuncia a la reinserción del penado", como denuncia la oposición, "pero sí da respuesta a la seguridad que exigen los ciudadanos".

No lo ha entendido así la socialista Rosa Aguilar, que ha acusado al PP de reinstaurar en España la "cadena perpetua, que choca frontalmente con los principios constitucionales de reeducación y reinserción del penado". "Lo saben perfectamente y les da igual", ha añadido la parlamentaria al dirigirse a la bancada de los populares.

Gaspar Llamazares, de la Izquierda Plural, ha protagonizado las críticas más duras al PP por reinstaurar la "cadena perpetua, que fue abolida por Primo de Rivera", y que, en su opinión, "es una pena de muerte que añade ''revisable'' con recochineo".

Pero también los portavoces de CiU, UPyD y del Grupo Mixto han reprochado al Gobierno el "eufemismo" que utiliza "para encubrir la cadena perpetua". "Hemos tirado la toalla para que en las cárceles se pueda rehabilitar a alguien", ha dicho el diputado del PNV Emilio Olabarría.

Impulsado por el exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón y finalizado por su sucesor en el cargo, Rafael Catalá, el nuevo Código Penal, que modifica la norma vigente de 1995, se convierte así en el gran proyecto estrella del Ministerio de Justicia aprobado por las Cortes en esta legislatura.

Al término del debate, Catalá ha tomado la palabra para subrayar que la sociedad dispone ahora de "un mejor instrumento para la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, por dar respuesta a las nuevas formas delictivas y proteger mejor a los más necesitados". "Hoy es un buen día para el Estado de derecho y la democracia", ha destacado.

Además de incorporar la prisión permanente revisable, el texto eleva a 16 años la edad de consentimiento sexual, suprime las faltas e introduce el delito de financiación ilegal de los partidos con multa para las donaciones ilegales que no superen los 500.000 euros y prisión para las superiores.

La norma aumenta las penas para los delitos de corrupción,a prolonga los plazos de prescripción y de inhabilitación para el cargo público y obliga a los condenados por estos delitos a devolver obligatoriamente el dinero sustraído a las arcas públicas para tener acceso a la libertad condicional.

Asimismo, establece medidas de libertad vigilada de tres a cinco años de duración en supuestos como los asesinatos graves y la violencia de género, obliga al Gobierno a informar ante el Congreso cada seis meses de los indultos concedidos y denegados.

La reforma mantiene también la figura del delito de coacción a la huelga, si bien se incluyen penas no privativas de libertad -multas- y se reducen los tipos tanto para los empresarios como para los piquetes, que tendrán penas más elevadas que los primeros.

Pero también tipifica como delito el matrimonio forzado y los actos reiterados de acecho u hostigamiento hacia la víctima, castiga por primera vez en España "la explotación sexual" contra los animales (zoofilia) y el abandono animal e inhabilita a los maltratadores de animales para tener mascotas.