El Consejo de Ministros aprobó recurrir ante el Tribunal Constitucional varios preceptos de la ley canaria de la vivienda y de medidas para garantizar el derecho a la vivienda, después de haberlo hecho ya con normas similares de Navarra y Andalucía y cuya vigencia fue suspendida por el Tribunal Constitucional. El Gobierno considera que el derecho de propiedad es un derecho de naturaleza civil, cuyas condiciones básicas han de ser reguladas por el Estado para que el ejercicio de este derecho se realice en condiciones de igualdad en todo el territorio nacional, por lo que Canarias no es competente en su regulación.
Por su parte, el portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, acusó al central de "defender" a las entidades financieras al referirse al asunto tras la celebración del Consejo de Gobierno e insistió en el "rotundo rechazo" a la decisión del Estado.
La medida de la Administración nacional se adoptó, según señaló, por un "mero acto reflejo" de los casos de Andalucía y Navarra, ya que la de Canarias fue "posterior" y se tuvieron en cuenta los argumentos del Estado.
Según Marrero, que expuso los argumentos de la consejera de Vivienda, Inés Rojas, el objetivo de la ley canaria es "evitar" el desalojo de las familias que no pueden afrontar el pago de las hipotecas por "causas sobrevenidas".