Profesionales de la Fiscalía de Menores y de la Unidad de Menores de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife explican que las peleas concertadas de menores en el exterior de centros educativos u otros espacios públicos siempre han existido, con mayor o menor intensidad, y es la grabación en vídeo y, sobre todo, su divulgación por internet o las redes sociales lo que “distorsiona” esa realidad.
Hasta hace unos años, la confrontación consistía en agresiones físicas en un momento y en un lugar concretos con argumentos o excusas diversas. Esas mismas fuentes señalan que “ahora el peligro está en la grabación de los hechos, porque las nuevas tecnologías ejercen como amplificador” de ese comportamiento vejatorio entre los implicados.
Además, recalcan que la divulgación de las imágenes puede tener un efecto “simpatía”; es decir, que pueden influir en que se propaguen tales comportamientos a otros lugares. Por ahora, fuera de la capital solo han surgido casos puntuales en Arona, hace meses, y en Güímar hace pocos días.
De momento, a los cinco imputados por tomar parte de forma activa en una pelea concertada en el parque La Granja no les han impuesto medidas cautelares de manera urgente, al menos por ahora.
Desde la Fiscalía aclaran que, generalmente, en cualquier tipo de pelea sin lesiones de gravedad se aplicará una medida judicial de baja intensidad, como libertad vigilada, trabajos en beneficio de la comunidad o tareas socioeducativas.
Para adoptar estas acciones se tiene en cuenta la naturaleza y la gravedad del hecho.
En este caso, los menores han sido “filiados” (identificados), se les ha comunicado a los padres los hechos y en la propia sede de la Fiscalía se les ha tomado declaración, destacando estos profesionales que es muy importante el conocimiento por parte de los progenitores, pues no en vano son estos los que responden civilmente (en lo económico) por el resultado lesivo que generan sus hijos.
Existen casos de padres que han llegado a pagar indemnizaciones de entre 20.000 o 30.000 euros (por lesiones en la boca, prótesis u otros gastos de carácter médico) a raíz de las heridas causadas por sus vástagos. A cada adolescente implicado se le valora por personal del equipo técnico de menores, que puede ser un psicólogo, un trabajador social o un educador.