El III Plan Canario de Salud, que debería haber entrado en vigor en el año 2010, sigue sin tener fecha de aprobación, pese a que la Consejería de Sanidad ha terminado todos los trámites que les correspondían para su elaboración. La causa del retraso es el trámite parlamentario y el escaso tiempo que resta para que acabe la actividad de la Cámara Regional antes de disolverse con motivo de las elecciones del próximo 24 de marzo.
Tanto el PP como Nueva Canarias consideran "imprescindible" que se les dé audiencia a numerosos expertos que, por un motivo u otro, no han participado o no han sido tenidos en cuenta en la redacción del plan y el reglamento les da la razón. Así, la diputada popular Mayte Pulido ya avanza que pedirá la comparecencia de la práctica totalidad de los sindicatos de la rama sanitaria, así como de los colegios profesionales e incluso de organizaciones como la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública o la plataforma SOS Canarias, lo que se traduce en más de dos decenas de personas, a las que se tendrán que sumar también las que citará el líder de Nueva Canarias, Román Rodríguez.
También el Partido Socialista y Coalición Canaria consideran necesario escuchar las aportaciones de varios técnicos y profesionales de la Consejería de Sanidad e incluso se podría solicitar la comparecencia de la directora del Servicio Canario de Salud (SCS), Juana María Reyes, puesto que la que en su momento dio a conocer el plan en comisión fue la propia consejera del área, Brígida Mendoza.
De esta manera es imposible que se produzcan todas las comparecencias y se elabore el informe final de la ponencia antes de que se celebre el último pleno de este legislatura, previsto para el próximo 14 de abril.
De hecho ni siquiera está claro que haya tiempo suficiente para realizar todas las comparecencias y a que se redacte el informe antes de que acabe el periodo hábil el próximo 30 abril, de manera que existen dos posibilidades: que la ponencia nombrada escuche a cuantos expertos planteen los partidos y les dé tiempo de elaborar el informe final pero quede sin aprobarse o que ni siquiera les dé tiempo de concluir con las comparecencias solicitadas.
En ambos casos será el Parlamento que se configure después de los comicios el que decidirá si aprobar definitivamente el documento o si se considera introducir algún cambio, teniendo en cuenta que el Gobierno entrante será otro diferente al que lo elaboró y que los responsables de Sanidad probablemente también serán otros.