La Fiscalía Provincial ya tiene conocimiento de que el Ayuntamiento de Candelaria tuvo instalaciones municipales enganchadas a la red eléctrica indebidamente al carecer de la preceptiva autorización o contrato. Este hecho motivó el pago de, al menos, unos 24.500 euros a Endesa a través de un reconocimiento extrajudicial de crédito, aprobado solo por el PSOE.
Izquierda Unida (IUC) en el municipio trasladó el asunto a la Fiscalía "por los intentos del grupo de gobierno de Candelaria de eludir las responsabilidades políticas y, presuntamente, penales" derivadas de esta acción, así porque el PSOE rechazó crear una comisión de investigación "y depurar responsabilidades políticas por la supuesta sustracción ilegal de energía eléctrica".
Francisco Martín, coordinador local de IUC, recuerda a la Fiscalía que "ningún concejal se ha hecho responsable, a día de hoy, de los enganches ilegales a la red eléctrica sin contador, a pesar de que el alcalde ha reconocido los mismos y a pesar de que ha tenido que pagar a la empresa suministradora la energía supuestamente sustraída".
Martín Coello pide a la Fiscalía "que se investiguen estos hechos y, en su caso, se adopten las medidas oportunas".
Las instalaciones públicas municipales del Servicio de Atención Ciudadana (SAC), de la Escuela de Hostelería (emplazada en el edificio de la piscina municipal) y de la Escuela de Adultos estuvieron enganchadas directamente a la red de abastecimiento eléctrico. Por ello, el Ayuntamiento de Candelaria reconoció una deuda de 24.418,58 euros distribuidos en siete facturas emitidas por la compañía Endesa en la que se especificó, como motivo, "gastos enganche directo". El periodo al que pertenecen tales facturas abarca desde el 5 de julio del ejercicio 2011 hasta el 30 de enero del año 2013. El gobierno se limitó a decir que la deuda había que pagarla.