Tres años de suspensión de empleo y sueldo. Esa es la sanción que se le impuso a mediados de 2014 a un profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de La Laguna por una falta muy grave. Sin embargo, el “castigo” solo duró dos meses debido a que un juzgado de lo Contencioso-Administrativo, tras una demanda del docente, concluyó que el expediente incoado por la institución académica había prescrito.
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