La Mancomunidad del Valle de La Orotava, un ente supramunicipal creado en 1967, desaparecerá oficialmente este mes, según confirmó ayer a EL DÍA el alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez (PP). La decisión de liquidar este organismo se había tomado en junio de 2014 y, tras numerosos trámites, ayer se dio el penúltimo paso para poner fin a la historia de una mancomunidad que pasó de gestionar importantes servicios comarcales, como la Casa de Socorro o los bomberos, a permanecer más de 20 años inactiva. La desaparición definitiva se producirá cuando los plenos de La Orotava, Los Realejos y Puerto de la Cruz la ratifiquen.
La junta de esta entidad se reunió en la mañana de ayer en el Ayuntamiento de Los Realejos. Estuvieron presentes el alcalde y el primer teniente de alcalde de Los Realejos, Manuel Domínguez (PP) y Adolfo González (PP); sus homólogos en La Orotava, Francisco Linares (CC) y Juan Dóniz (CC); el teniente de alcalde del Puerto de la Cruz, Sebastián Ledesma (PP), y varios técnicos.
Además, se celebró una reunión de la comisión liquidadora de este organismo con la presencia de otros representantes de las corporaciones de los tres municipios: Manuel Rodríguez (PP), por Los Realejos; Narciso Pérez (CC), de La Orotava y Juan Carlos Marrero (CC), del Puerto de la Cruz.
En estas dos reuniones se dio cuenta de los últimos acuerdos sobre la liquidación de la Mancomunidad del Valle, que se encuentra sin actividad formal desde junio de 2014. Todos los asuntos tratados ayer en ambas reuniones tendrán que ser ratificados en las sesiones plenarias de cada uno de los tres ayuntamientos para poner fin, definitivamente, a la historia de la Mancomunidad del Valle.
Para el próximo mandato queda pendiente el proyecto de poner en marcha un Consorcio del Valle de La Orotava, anunciado en junio de 2014.
Esta mancomunidad estuvo formada en sus inicios por La Orotava, Puerto de la Cruz y Los Realejos, y con posterioridad sumó a Santa Úrsula, que la abandonó en 2006. Entre 1984 y 2001, Los Realejos también dejó la entidad, que entró en crisis permanente después de que el Cabildo y el Gobierno canario asumieran sus principales servicios.