La Dirección General de Vivienda ve factible que se pueda evitar el derribo de las casas municipales de Mirca, en Santa Cruz de La Palma, según se desprende de la reunión mantenida ayer entre la responsable de este departamento, Sulbey González; el alcalde de la capital, Juan José Cabrera, y técnicos de ambas administraciones.
No hay acuerdo cerrado. Ni tan siquiera se firmó nada, por lo que seguridad de que el problema se vaya a solucionar no existe ninguna. Pero las sensaciones tras el encuentro de ayer eran que "la puerta no está cerrada para una solución satisfactoria", por lo que al menos "existen vías para llegar a un entendimiento que sea ratificado por todas las administraciones implicadas", subrayó el alcalde.
Cabrera se refiere en concreto a la necesidad de que el Estado o más concretamente el Ministerio de Fomento, el Gobierno de Canarias, Cabildo de La Palma y el propio ayuntamiento firmen una adenda al convenio para la reposición en Timibúcar de las casas de Mirca y el albergue municipal. En aquel convenio se dejaba claro que las viviendas a sustituir tenían que ser derribadas, pero el alcalde está defendiendo ante las diferentes administraciones que "las circunstancias sobrevenidas por la crisis económica que afecta a muchos vecinos".
Vivienda apoya la elaboración de esa addenda, en la que básicamente se debe recoger que el dinero invertido por las administraciones públicas está plenamente justificado, lo que no parece mayor problema al estar construidas las obras, y que por las "circunstancia sobrevenidas" no es necesario derribar las casas de Mirca, donde hay familias que rechazan ser trasladadas a los pisos de reposición que se ejecutaron en Timibúcar.
El alcalde señaló que "imposible no es", por lo que ahora "hay que hacer esa addenda, que todas las administraciones estemos de acuerdo y que sea viable desde el punto de vista jurídico".