El concejal de Urbanismo, José Ángel Martín, reconoció ayer que el parque de Montaña de Taco era "inviable" tal y como está planificado y que se han cumplido dos de los cuatro puntos de la moción de Sí se Puede aprobada al principio del mandato.
Martín se refirió a que sí se habían reunido los diferentes administraciones para abordar la elaboración de un proyecto del parque de Montaña de Taco y que se había resuelto cambiar el sistema de expropiaciones por uno de aprovechamientos. No obstante, reconoció que no se había podido realizar un consorcio de gestión público y privada ni buscar financiación europea porque "el área está suspendida en el PGO".
Pedro Fernández Arcila, portavoz de Sí se Puede, recordó que "durante cuatro años no se ha hecho nada de nada", pero que ahora el grupo de gobierno ha salido a prometer, de nuevo, un parque en Montaña de Taco en una "práctica perversa de prometer cosas que no se van a hacer".
Martín aclaró que el PSOE no había prometido nada y recordó que durante "meses" nos reunimos con vecinos de Montaña de Taco e inspeccionaron la zona para vigilar que no se estuviera horadando más la montaña.
"La expropiación del suelo privado ascendía a 142 millones", que es una cantidad "absolutamente inasumible". "Ahora se ha optado por las cesiones gratuitas", recordó Martín, que quiso dejar claro que si algún día hay un parque en Montaña de Taco será como fruto del trabajo realizado en Urbanismo en este mandato.
No obstante, el edil de Urbanismo quiso dejar claro que en cuatro años más no se podrá concluir este proyecto.
Arcila se quejó de que el PGO remitiera "una parte de Montaña de Taco a una unidad de actuación que se va a desarrollar en 15 años".
La concejala del PP Ana Zurita se quejó de que Montaña de Taco depende de "un Plan Territorial que tenía que redactar el Cabildo", pero que no se ha avanzado ni se "ha vuelto a saber nada" hasta los anuncios electorales de Coalición Canaria.
105 millones en el barranco de Santos y sumando más
El concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, defendió ayer la necesidad del viario del Barranco de Santos, cuyo coste elevó a 92 millones, de los que 85 son por la obra y siete por las expropiaciones. De las arcas municipales salieron 52 de estos millones. Sin embargo, la cifra se eleva a 105 según el concejal de Urbanismo porque suma las indemnizaciones por las expropiaciones y los intereses de demora. También habría que sumarle el millón de euros que costará poner en marcha la Casa del Carnaval en uno de sus locales, reconoció Arteaga. José Manuel Corrales, de XTF, y Guillermo Guigou, de Ciudadanos de Santa Cruz, acusaron al grupo de gobierno de "falta de transparencia y opacidad" sobre este asunto. "Llevamos cuatro años preguntando cuánto ha costado", se quejó Corrales.
El interventor de Emmasa rehúsa comparecer
El coordinador de Hacienda, que también es el interventor de la empresa mixta Emmasa, rehusó ayer comparecer en la Comisión de Control argumentando que si bien como coordinador tiene obligación de comparecer no ocurre lo mismo con su labor desempeñada como interventor. Arcila, concejal que solicitó la comparecencia, puso una queja formal por la opacidad con la que se está desarrollando la intervención, puesto que le han pedido al concejal de Servicios Públicos que dé cuenta de los informes del interventor en reiteradas ocasiones sin éxito.