La Fiscalía Provincial ha imputado al veterinario-funcionario de la Consejería regional de Agricultura, Ganadería y Pesca, José Juan Clavijo, al entender que "existen indicios racionales" de la comisión de un delito de negociaciones prohibidas.

En el escrito dirigido al Juzgado de Instrucción de Icod de los Vinos, al que ha tenido acceso este periódico, el Ministerio Fiscal considera que el denunciado "participó" en la tramitación de expedientes administrativos tramitados a instancias de entidades mercantiles en las que participaba en su condición de administrador legal. El asunto en cuestión tiene que ver con la compra y venta de caballos.

Recuerda la Fiscalía que el denunciado no se encuentra "habilitado" para realizar, fuera del ejercicio de sus competencias profesionales al servicio de la administración pública, ninguna otra función relacionada con el mismo objeto de su empleo público -era administrador único del Hospital Equino de Tenerife S.L. en el momento en el que se denunciaron los hechos-.

La denuncia es consecuencia de los datos que el mencionado ganadero y tratante de caballos había puesto en conocimiento del Ministerio Fiscal en marzo del año pasado, al no compartir la sanción que le había impuesto la Consejería regional de Agricultura, Ganadería y Pesca a Clavijo.

En el escrito que presentó en ese momento ante la Fiscalía Provincial, el ganadero justificó la presentación de su denuncia "visto el contenido de la resolución" dictada en diciembre de 2013, al entender que como consecuencia de los hechos probados en la misma el mencionado funcionario "pudiese haber incurrido, presuntamente, en alguno de los delitos cometidos por funcionarios o autoridades públicas".

Consideró José Sigfredo Rodríguez que la resolución nació "disminuida" en cuanto a ser "justa, imparcial y objetiva", y con un grado de garantía jurídica "poco tranquilizante" para el denunciante.

Cabe precisar que la citada resolución fijó una sanción para José Juan Clavijo de tres años y quince días de suspensión de funciones, de tal forma que no puede realizar ninguna función de carácter público ni percibir sueldo de la administración y pierde puesto de trabajo.

Sin embargo, el afectado recurrió la sanción en lo Contencioso-Administrativo y como consecuencia de este recurso la sanción está suspendida. Por tanto, el citado funcionario-veterinario sigue ejerciendo su labor.

En el escrito remitido ahora al Juzgado de Instrucción de Icod de los Vinos, el Ministerio Fiscal pide que se llame a declarar en condición de testigo al denunciante, a la jefa de servicio de Personal e Inspección de Servicios, Marina del Carmen López, y al exjefe de servicio de Industrias, Registro y Bienestar Animal de la Dirección General de Ganadería, José Ochos Reinares.