Al menos una veintena de hoteles de Tenerife -sobre todo del Sur de la Isla- han venido operando durante los últimos años de forma alegal al carecer de autorización administrativa turística, según los cálculos del Cabildo de Tenerife, el organismo competente para dar esas autorizaciones.

Así lo explicó el coordinador de Turismo de Tenerife, Miguel Becerra, quien, además, estuvo presente en la reunión celebrada recientemente entre la institución insular y empresarios del sector para solucionar la situación.

En concreto, en el encuentro les fue explicado a los hoteleros los criterios legales y técnicos que se van a seguir para la aplicación de lo previsto en la Ley 2/2013, que permitirá la legalización de estos establecimientos.

¿Por qué alegales? Becerra indicó que estos hoteles cuentan "con una situación urbanística reconocida, construyeron y tienen licencia de obra". Lo que ocurre es que, "por una u otra circunstancia", no pidieron la autorización administrativa. "Ahora lo que se va a hacer es dar cumplimiento a lo que ha previsto la Ley 2/2013 para poder llevar a cabo las obras de rehabilitación que les permitan poder entrar otra vez a una situación perfectamente legal", añadió el coordinador insular.

Además, detalló que lo que sucedía en 2013 es que, en la disposición transitoria cuarta de la norma, se preveían los supuestos para su legalización; sin embargo, había una redacción "un poco confusa y poco clara".

A este respecto, Miguel Becerra apuntó que lo que ahora se ha hecho es, a través de una serie de informes jurídicos y técnicos, establecer el procedimiento y terminar de clarificar criterios sobre este asunto.

El responsable turístico expuso que el "primer requisito" es que han de tener una licencia de obra ajustada a la normativa urbanística, y agregó que "muchas" empresas estaban siendo objeto de inspección y se llegaba a dar el caso de que no se les podía inspeccionar porque no disponían de la autorización. "Es decir, no estaban siendo establecimientos legalmente reconocidos, y ahora se les va a normalizar toda su situación", manifestó.

En relación al trabajo realizado por la Corporación insular, Becerra comentó que, tras las dudas al no estar claro lo que decía la ley, se tomaron casi un año para poder llegar a "clarificar" el criterio con el que esta se va a aplicar, "pidiendo informes jurídicos, consultando con la Comunidad Autónoma, también con los ayuntamientos, hasta que se ha llegado a un acuerdo".

En cualquier caso, Miguel Becerra abundó en que, pese a no tener autorización administrativa, los establecimientos contaban con todos los instrumentos que exige la ley en cuanto a atención a los clientes o a los servicios ofrecidos en sus instalaciones.

"En la mayoría de los casos tendrán que llevar a cabo una serie de actuaciones de rehabilitación, y esperemos que en poco tiempo presenten sus proyectos", afirmó el coordinador, que ve ahí la posibilidad de generar una "fuente de actividad económica" como resultado de las obras.

No obstante, hay situaciones en las que los empresarios ya han realizado esos trabajos y, a partir de ahora, tendrán que acreditar las reformas realizadas.