Imaginemos un medicamento cuyo prospecto describiera el alto riesgo de sus múltiples efectos secundarios, que, además, inutilizasen totalmente el principio activo aprobado en laboratorio. Habría que retirarlo del mercado.
En el proceso constituyente, la división territorial del Estado en 17 autonomías (Art. 137 de la C.E.) fue el basamento donde asentar las libertades y los derechos humanos fundamentales contenidos en nuestra Carta Magna.
Un ejemplarizante consenso permitió la transición modélica desde un régimen dictatorial hacia la democracia que nos integrase en el contexto geopolítico occidental. Con evidente buena fe se redactó la vigente Constitución, donde, sin ambages, se declaró al pueblo español (Art. 2) como único depositario de la soberanía nacional.
Si en un principio ilusionó la perspectiva de futuro, pronto aparecieron los primeros "defectos de fábrica" que abarataron el producto. La vulnerabilidad del factor humano suele perturbar el código ético de cualquier entidad que ofrezca un ideario de principios respetables, pues cuando los intereses individuales tergiversan la interpretación de lo escrito en beneficio propio, se contamina el espíritu original de la doctrina.
Centrado este análisis personal exclusivamente en el destrozo socioeconómico auspiciado por la distribución administrativa de la nación en 17 apartamentos unifamiliares, obsérvese cómo se incluyó el Principio de Solidaridad para fomentar la igualdad y convivencia multicultural entre identidades amables y desinteresadas. El resultado no pudo ser más frustrante, pues se consiguió todo lo contrario: una comunidad de vecinos mal avenidos, como reinos de taifas donde los hermanos dejaron de serlo para pelear cada uno por lo suyo.
Lo más grave es el precio. Un brutal despilfarro nos abocó a una ruina que no se corrigió a la baja, sino que ha crecido con una virulencia extrema. El grueso de los Fondos Públicos, dedicado a mantener la barbaridad de 17 parlamentos autonómicos, un abigarrado e inservible Senado, consejerías, concejalías, direcciones generales, instituciones, organismos, dependencias y demás entes abstractos, repletos de una escandalosa multitud de cargos públicos; aforados, con coche oficial, suntuosos emolumentos, pensiones vitalicias y prebendas imposibles de justificar, conforman un conjunto contaminado que convierte el espacio político en un sumidero de corrupción masiva y nepotismo organizado, donde no todos son iguales, pero los honrados son excepción.
Un colectivo de servidores del pueblo que convive sin pudor pero marcando distancias con vergonzosas tasas de paro, explotación laboral, empleos precarios, pobreza infantil y también adulta, desahucios inhumanos, comedores sociales desabastecidos, miseria expandida por una deplorable gestión que delega soluciones eventuales en la solidaridad ciudadana. La ineptitud oficial demuestra que "la sociedad civil es la única capaz de resolver sus propios problemas".
¿Y las competencias transferidas? ¡No funciona ninguna! ¿Cómo puede explicarse que sobre una misma área de gestión incidan, se solapen e interfieran, tres o cuatro competencias de distintos colores, para fracasar entre el amasijo de una burocracia enfermiza? Sanidad, educación, cultura, vivienda, políticas sociales... Un destrozo generalizado en un contexto donde el argumento favorito consiste en culpar a los otros del fracaso propio.
Si además se corrobora que la asignación presupuestaria de cada entidad administrativa, u organismo oficial, se aplica ¡en más de un 90%! exclusivamente a consumo interno de sueldos y complementos del personal y cargos afectos a su estructura organizativa, será indicativo de un aberrante despropósito funcional que justifica el presente discurso, sin resquicio para rebatir ni un solo punto.
Por desgracia, el tratamiento alternativo para la recuperación del bienestar social, el respeto a las identidades y para convalecer con dignidad de la intoxicación inoculada por un medicamento en mal estado, está en poder de los primeros interesados en que nada cambie, cual laboratorios fraudulentos donde se especula con la salud pública a cambio de beneficios millonarios y su rentabilidad en bolsa.
Fdo.: El pueblo soberano
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