La proposición de ley del PP de reforma de la vigente Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo, que aspira a imponer el consentimiento paterno a las menores de 16 y 17 años que quieran abortar, consiguió ayer el apoyo de los seis diputados de Unió, del diputado de Foro de Asturias y el de UPN, según confirmaron sus portavoces durante el debate de la admisión a trámite de la iniciativa en la tarde ayer en el Pleno del Congreso.

Mientras, el resto de grupos de la oposición argumentaron su voto en contra de la tramitación de esta proposición de Ley Orgánica, que tacharon de "oportunista" y "electoralista" y que, según afirmaron, resta seguridad jurídica, desprotege a las más vulnerables y es innecesaria porque afecta a una minoría, los casos especialmente graves.

La iniciativa será tomada en consideración por el pleno del Congreso y una vez se vote, lo que ocurrirá previsiblemente pasadas las nueve de la noche, se iniciará el trámite habitual de una ley, con la apertura del plazo de enmiendas, que según ha apuntado el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, se cerrará tras las elecciones, en torno al 27 de mayo.

El PP planteó esta reforma vía proposición de ley en el Congreso saltándose así el examen de los órganos consultivos y cosechando además el rechazo de la oposición por no haberla liderado ningún ministro. "El Gobierno ha sido cobarde", advirtió el diputado del PNV, Joseba Agirretxea. No ha estado presente ningún miembro del Ejecutivo durante el debate.

Se trata de la modificación de la Ley de Autonomía del Paciente para que la interrupción del embarazo vuelva a ser una de las tres excepciones en que las jóvenes de 16 y 17 años requieren del consentimiento paterno para someterse a un tratamiento, junto a las técnicas de reproducción asistida y los ensayos clínicos.

En la actualidad, se les exige que informen a al menos uno de los tutores legales, salvo que demuestren "fundadamente" que existe un conflicto grave, como el maltrato.

La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Marta González, fue la encargada de abrir el debate y defendió, contra lo que vienen alegando las asociaciones provida, que la reforma parcial no valida el resto de la ley, sino que se actúa mientras el Tribunal Constitucional dirime porque se trata a su juicio de un tema urgente.

González argumentó que en la adolescencia no se tiene "ni la capacidad ni la serenidad suficiente" para asumir "en solitario" una decisión como el aborto mientras que la ley las "equiparó con mujeres adultas" que, además "asume como régimen general las situaciones excepcionales de padres maltratadores como si fuera la generalidad de todos los españoles" e impide así al resto "ejercer la patria potestad".

"Con esta reforma creemos que damos cauce a la mayoría de los padres y madres españoles respecto a sus hijos adolescentes", añadió en su intervención desde la tribuna de oradores la diputada del PP.