La prestación canaria de inserción (PCI) se ha quedado sin fondos para atender nuevas altas o renovaciones en poco más de tres meses. Así lo han confirmado a este periódico fuentes del propio servicio, adscrito a la Consejería de Política Social del Gobierno de Canarias, que detallan que marzo fue la última nómina que se ha podido pagar completa con los fondos disponibles para 2015, ya que, aunque quedó un pequeño remanente, se está aprovechando para incluir en la nómina los casos más urgentes durante el mes de abril. Es decir, aquellos casos en los que hay riesgo de un desahucio o indigencia, por ejemplo.

No obstante, se está a la espera de que el Gobierno de Canarias incorpore el crédito de cuatro millones que anunció en el último debate sobre el estado de la nacionalidad el presidente, Paulino Rivero, pero, de momento, se desconoce cuándo estarán disponibles esos fondos.

"Cuando se pueda disponer de esos cuatro millones de euros no dará ni para tramitar ni una renovación ni más altas nuevas y eso es algo que el Gobierno sabe", detalla el secretario del comité de empresa de la Consejería de Política Social, Miguel Ángel Vargas, que recuerda que cuando se estaba elaborando la Ley de Presupuestos, los trabajadores de la Dirección General de Servicios Sociales elaboraron un informe en el que exponían los expedientes que existían y todo lo que se había hecho durante el año 2014 y una previsión para 2015, "pero no sirvió de nada porque en la ley solo se habilitaron 28 millones de euros, y eso ha dado para pagar tres meses", insiste.

Para la ampliación de crédito se ha vuelto a mandar otro informe, con los expedientes, renovaciones y toda la información, y se han aportado únicamente cuatro millones de euros, cuando, según los propios trabajadores encargados de la gestión de las ayudas, "con el doble ni siquiera se hubiera conseguido llegar a fin de año".

Preguntados para cuánto tiempo estiman que dará la ampliación de crédito de cuatro millones de euros, calculan que "como mucho para un par de meses".

Cabe recordar que el agotamiento del crédito no significa que se dejen de pagar las PCI ya concedidas y en nómina. Lo que significa es que no hay capacidad financiera para atender nuevas solicitudes, aunque estas estén resueltas como favorables y sus beneficiarios cumplan todos los requisitos, por lo que quedarán a la espera hasta que haya nuevamente crédito.

Y es que una de las causas por las que el dinero se ha consumido tan rápidamente se debe a que el año pasado la partida también se agotó (aunque fue cerca de mediados de año), por lo que la inmensa mayoría de las nóminas que se han abonado -se estima que como mínimo un 70%-, se han pagado con cargo al presente ejercicio aunque provienen de 2014.

"No es nada nuevo. Desgraciadamente se ha funcionado así de mal siempre. Parece que los políticos no aprenden cuando elaboran una ley de presupuestos y que no están por la labor de habilitar un crédito para solucionar el problema definitivamente", detalla el secretario del comité de empresa de la Consejería.

"Quien la pidió en marzo la tendrá en 2016"

Desde el colectivo de trabajadores sociales recuerdan que ya habían avisado de que el crédito de la prestación canaria de inserción (PCI) en 2015 se acabaría antes de abril y que prevén que la partida de los cuatro millones que se van a añadir dará únicamente para resolver aquellas solicitudes presentadas en el mes de febrero.

De este modo, estiman que las personas que han presentado la solicitud de PCI a partir de marzo de 2015 y todas aquellas que lo hagan a lo largo del año no cobrarán hasta febrero de 2016. Tampoco cobrarán las personas que tengan que realizar renovaciones de la prestación.

A su juicio, esto traerá como consecuencia que en 2016 se acabe el crédito nada más comenzar enero, porque se gastará todo al pagar los atrasos de 2015.

Los expertos detallan que el impago de esta prestación ocasiona las siguientes consecuencias: cronicidad de situaciones leves o de riesgo, imposibilidad de satisfacer necesidades sociales básicas, aumento de los riesgos de exclusión residencial y sinhogarismo, riesgo de aparición o agravamiento de desajustes del estado de ánimo y cuadros de salud crónicos debido al estrés, e involución en los procesos de integración social de las personas con las que vienen interviniendo.

A su juicio la PCI no está cumpliendo con los objetivos para los que fue diseñada: la integración social. Ni siquiera con el objetivo asistencialista de cubrir las necesidades básicas.

Y añaden que con la modificación de la ley es mayor el número de personas potencialmente beneficiarias de la PCI, porque amplía el perfil, flexibiliza los requisitos y reduce el plazo de gestión. Sin embargo, no podrá aplicarse jamás porque no existe crédito suficiente.

Como solución proponen una financiación suficiente y estable para la PCI (al menos 300 millones de euros), más trabajadores sociales en los ayuntamientos y la implementación de medidas horizontales e integrales para abordar el fenómeno de la exclusión social en Canarias, donde estén presentes vivienda, salud, educación, servicios sociales, inmigración e igualdad, como mínimo.