Tres de las noticias con las que EL DÍA ha abierto en estos últimos siete días el periódico han estado protagonizadas por la Justicia. En dos casos, debido al rechazo a las pretensiones del Gobierno de Canarias de excluir los aeropuertos canarios de la privatización de AENA y a la suspensión por parte del Tribunal Constitucional de la Ley Canaria del Derecho a la Vivienda. En la primera de ellas, con tirón de orejas incluido del Supremo por la errónea estrategia elegida por el Ejecutivo que preside Rivero para defender sus tesis. Y la tercera ocasión, como consecuencia del sobreseimiento del caso Corredor, que deja al alcalde de La Laguna y candidato de CC a la Presidencia del Gobierno, Fernando Clavijo, libre de toda imputación. Sin entrar en el fondo de las tres decisiones judiciales, sí preocupa que en la vida política de las Islas juegue un papel tan destacado la Justicia. Entre otras cosas, porque puede ser un claro síntoma de que las cosas no se están haciendo bien o que el poder judicial está inmiscuyéndose donde no le llaman, que también podría estar ocurriendo. Sea lo que fuere, una u otra la causa, sí se debe aprovechar lo ocurrido para reflexionar. El Gobierno de Canarias, el primero, pues en lo que a cuestiones judiciales se refiere, no da una. Cada vez que acude a los tribunales en busca de alguna solución, sale escaldado. Y si no es lo más recomendable arreglar las cuestiones políticas en los juzgados, para eso está la política, qué decir si encima no se gana ni un solo juicio. En cuanto al candidato de CC, con el objetivo de evitar casos similares, se debería revisar con lupa todo el procedimiento, pues todo el revuelo generado con las imputaciones al final se ha quedado en nada, lo que no es bueno ni para la Justicia ni para el propio Clavijo, que ha quedado absuelto, pero después de padecer un calvario en los últimos meses.

Preocupa que la campaña electoral se convierta en una tómbola en la que cada uno de los candidatos y sus correspondientes formaciones políticas se lancen a prometer y prometer sin ser conscientes de que los ciudadanos están hartos de promesas y lo que demandan son soluciones. La clase política debe asumir que su credibilidad está bajo mínimos y que su mensaje no cala. Basta sentarse en la barra de un bar, en la venta de la esquina o en la peluquería para comprobar qué piensa la población de lo que dicen los aspirantes a gobernar a partir del próximo 24 de mayo.

Y si inquietud genera cómo se toman los ciudadanos los mensajes electorales, qué decir de datos como el recogido por EL DÍA el pasado viernes sobre las perspectivas de trabajo de los jóvenes canarios. Que siete de cada diez vean la emigración como la única salida para desarrollar su carrera profesional es muy preocupante, pues demuestra que su confianza en el futuro de estas Islas es casi nula. Junto a ello, es también un indicador del divorcio que existe entre la educación y el mundo laboral. Teniendo buenos profesionales en las Islas, sin embargo no encuentran trabajo en el Archipiélago. Y, al revés, el empleo que se crea no se ajusta a la mano de obra de Canarias.