El interventor del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife declaró ayer en calidad de testigo en el Juzgado de Instrucción número dos y se ratificó en su opinión de que el concejal de XTF José Manuel Corrales tenía un sueldo encubierto.
La juez investiga el supuesto cobro irregular de indemnizaciones mensuales de 1.000 euros brutos por parte de José Manuel Corrales, que está imputado por un supuesto delito de malversación, igual que el secretario del Pleno, que era quien certificaba estos pagos.
En su declaración, el interventor explicó que las indemnizaciones o dietas cuentan con una fiscalización previa limitada, basada en comprobar si existe crédito y que cuentan con el certificado del secretario.
El testigo detalló que las indemnizaciones pueden ser fijas o periódicas, pero que deben cumplirse dos requisitos que no se cumplieron en el caso de Corrales: que se trate de gastos en los que haya incurrido el concejal, y que sean justificados (con facturas) por el mismo o que se justifiquen en base a una ganancia dejada de obtener (lucro cesante).
Con la fiscalización posterior que realizó el interventor asegura que se trató de enmendar la situación y que a partir de 2014 ya no se pagan indemnizaciones a Corrales, que como vicepresidente de la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones las percibía desde el cambio de gobierno en 2011.
El interventor especificó que en el caso de Corrales, al ser funcionario del Gobierno de Canarias, debería haberse reducido su sueldo por la Ley de Incompatibilidad y que, previamente, debía haber solicitado la compatibilidad al Pleno.
El interventor se amparó en que para él la certificación del secretario es como una certificación notarial y que era el secretario también quien tenía que haber comprobado si existía un lucro cesante que justificara esa indemnización.
De esta forma, justificó que hubiera firmado como conforme en los pagos en que se produjeron en el momento de fiscalización previa y con el certificado del secretario, dejando muy claro que si no hubiera existido esa fiscalización previa, él habría puesto reparos a cada uno de los pagos.
Sobre el decreto del alcalde que autorizaba indemnizaciones a Corrales de hasta 1.000 euros, el interventor reconoció que la primera vez que lo vio fue cuando fue a prestar declaración.
Tres abogados, dos versiones contrapuestas
El abogado de IU José Pérez Ventura aseguró que la declaración del interventor "ha confirmado todos los extremos" de la denuncia sobre el supuesto cobro irregular. Sin embargo, Felipe Campos, letrado de José Manuel Corrales, afirmó que la declaración había servido para demostrar que el asunto es "ajeno a lo Penal y completamente legal". Campos hizo hincapié en que el interventor "nunca reparó" los pagos, cuando la ley "le obliga a impedirlos" si no se ajustan a la legalidad. También estuvo presente en la declaración el abogado de Socialistas por Tenerife, que está personado como acusación particular, pero este no realizó ninguna pregunta al interventor durante su declaración, que duró más de dos horas.