La Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa) aconseja a las familias que decidan libremente si los hijos deben someterse a la nueva evaluación final de tercero de Primaria, en el caso de no haber recibido información suficiente sobre las consecuencias que los resultados tendrán para los alumnos.
El presidente de Ceapa, Jesús Salido, y el portavoz, José Luis Pazos, indicaron ayer que es obligatorio para los centros aplicar esa prueba, pero matizaron que la ley no dice claramente que lo sea para los alumnos.
Ceapa se ha dirigido al Ministerio de Educación, las administraciones autonómicas, organismos educativos y centros para conocer con detalle en qué consistirían las medidas ordinarias y extraordinarias que se tomarían en caso de que el estudiante no la superara, sin que apenas hayan recibido información.
Ceapa propone que los padres que lo consideren se dirijan al centro con un modelo de escrito para indicar que "no autorizan" que el alumno participe en la prueba por el "derecho a la educación de los hijos" y, si la dirección se niega, comunicarle que no asistirá ese día a clase por una "decisión familiar" privada.
"No decimos que la prueba sea mala, sino que se han pedido explicaciones sobre las consecuencias individuales y para el centro. Si son aceptables, no nos oponemos, pero la respuesta habitual es el silencio más absoluto", dijo Pazos, quien negó que sea un "boicot frontal" a la evaluación.
Las comunidades aplicarán la evaluación en mayo, pero es "más que cuestionable" que sea obligatoria para los alumnos, intervino Salido; la ley "no dice nada" de que lo sea para estos, según Pazos.
Dos regiones han adelantado que los resultados se incluirán en el expediente académico, según Ceapa, y Castilla y León ha dicho "claramente" que se tendrán en cuenta para la promoción o repetición. Pazos rechazó "frontalmente" la idea del Ministerio de que las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato se estructuren en 350 preguntas, en parte de tipo test, aunque sin definirse qué cantidad de ellas serán de respuesta múltiple, ha dicho.
"A alguien se le ha ido la pinza", afirmó, porque un alumno necesitaría entre cinco o seis horas para responderlas o, si fuera menos tiempo, tendría que hacerlo "a contrarreloj", lo que interpretó como "barreras inútiles e insalvables".
Pazos también señaló que las pruebas supondrían una muestra de "desconfianza absoluta" en el profesorado habitual porque se realizarán con evaluadores externos y no ha excluido acciones legales en contra.
las claves
La Confederación Española de Padres y Madres de Alumnos asegura que las administraciones no han aclarado las consecuencias que acarrearán los resultados de las pruebas.
Dos comunidades han avanzado que los resultados de la evaluación se incluirán en el expediente y una que contarán para repetir.